Chile y la encrucijada del juego online: entre bloqueos judiciales y una ley que no llega

La regulación del juego online en Chile atraviesa un momento confuso. Aunque el país reconoce la existencia masiva de plataformas de apuestas y casinos digitales operando en su territorio, el marco legal específico para ordenarlas sigue sin aprobarse. El resultado: un mercado activo, millonario y popular, pero jurídicamente en el limbo.

¿Qué dice la ley?

Cabe recordar que Actualmente, la Ley N.º 19.995 regula exclusivamente a los casinos físicos. De hecho, la ley señala que  se considera “Casino de Juego”: “el establecimiento, inmueble o parte de un inmueble, consistente en un recinto cerrado, en cuyo interior se desarrollarán los juegos de azar autorizados”.

Por lo tanto, no existe una normativa específica que autorice, regule o supervise formalmente el juego online. Esto ha generado una situación ambigua: por un lado, no hay un sistema de licencias vigente; por otro, tampoco existe una regulación que haya integrado plenamente a los operadores digitales al ecosistema formal.

En este contexto, la Superintendencia de Casinos de Juego ha reconocido que no tiene atribuciones legales para fiscalizar plataformas online, ya que su competencia está limitada al juego presencial.

El proyecto de ley

Sin embargo La Comisión de Hacienda del Senado dio luz verde al Proyecto de Ley N.º 14.838-0, iniciativa que establece un marco regulatorio para las plataformas de apuestas deportivas y casinos en línea como explicábamos en su momento en este artículo de SoloAzar. 

El proyecto que no se concreta

Desde hace varios años se discute en el Congreso un proyecto de ley destinado a regular el juego online mediante un sistema de licencias, pago de impuestos específicos y mayores exigencias de control. La iniciativa contempla:

• Otorgamiento de licencias a operadores que cumplan requisitos técnicos y financieros.
• Pago de impuestos especiales y aportes al deporte y al erario fiscal.
• Medidas de protección al jugador y restricciones publicitarias.
• Herramientas más eficaces para bloquear operadores no autorizados.

No obstante, el avance legislativo ha sido más lento de lo esperado. Las diferencias políticas, el debate sobre la carga tributaria y la presión de distintos actores —casinos físicos, plataformas internacionales y clubes deportivos— han demorado la aprobación definitiva.

La Corte Suprema endurece la postura

Frente a la inacción legislativa, el poder judicial ha ocupado el centro del debate. La Corte Suprema de Chile ha determinado que las plataformas de apuestas online carecen de autorización legal expresa y, por tanto, su operación es ilegal bajo la normativa actual.

De hecho, El 30 de septiembre de 2025, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema dictó un fallo histórico que redefine la regulación del juego online en Chile. En efecto, el máximo tribunal chileno sentó jurisprudencia al bloquear de forma inmediata muchos sitios de apuestas online en el país andino.

A partir de estos fallos, se han ordenado bloqueos de acceso a sitios web sin licencia, obligando a proveedores de internet a restringir el ingreso a determinadas plataformas. Sin embargo, el impacto práctico ha sido limitado, ya que muchos operadores continúan funcionando mediante dominios alternativos y herramientas tecnológicas que eluden restricciones.

Un mercado mayoritariamente “irregular”

Estudios realizados por Apuesta Legal Chile estimaban que para finales de  2025  hasta un 83 % del tráfico hacia plataformas de apuestas online en Chile corresponde a operadores sin autorización formal. Esta cifra revela no solo la magnitud del fenómeno, sino también el costo fiscal de un mercado que hoy no tributa bajo un esquema regulado.

La ausencia de regulación implica, además, falta de estándares claros en materia de protección al consumidor, prevención del lavado de activos y promoción del juego responsable.

Incertidumbre regulatoria y presión económica

La prolongación de este escenario genera un doble efecto: por un lado, operadores internacionales observan con cautela el mercado chileno; por otro, el Estado pierde recaudación potencial en un sector que ya mueve cifras significativas.

En conclusión, puede pensarse que Chile enfrenta así un dilema estratégico: mantener un esquema reactivo basado en fallos judiciales y bloqueos parciales, o acelerar una regulación integral que permita ordenar el mercado, captar impuestos y fortalecer la protección a los usuarios.