Enjoy tomará acciones penales por informe de comisión investigadora de los casinos chilenos

Una potente arremetida judicial está preparando la principal operadora de casinos, Enjoy, firma que en paralelo está ad portas de iniciar un proceso de cambio de controlador, tras iniciar un procedimiento de reorganización judicial en 2020.

El objeto de los cuestionamientos es el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que fuera aprobado en marzo por amplia mayoría en la instancia, y en el cual los parlamentarios acusaron diversas omisiones por parte del organismo regulador, la Superintendencia de Casinos -que dirige Vivien Villagrán-, en su rol fiscalizador de la compañía.

Dicho informe ha generado una fuerte polémica por las postergaciones de las boletas de garantía de Enjoy efectuadas por el regulador -la última de ellas, mediante un decreto firmado por el Presidente Sebastián Piñera- como parte de las renovaciones de cuatro licencias de casinos de juego, acusándose incluso al Mandatario de haber beneficiado a dos de las administradoras de su fideicomiso ciego, Moneda Asset y BTG Pactual, las que, a su vez, tienen intereses económicos en Enjoy.

Si bien el gobierno descartó que se haya producido algún conflicto de interés,las conclusiones del informe parlamentario dio pie a una investigación por parte de la Contraloría General de la República, que encabeza Jorge Bermúdez y que ya solicitó información a las gestoras de fondos.

Si bien ya hace algunas semanas la empresa emitió una declaración rechazando esas conclusiones, ahora decidió llevar el litigio al ámbito legal. Así lo confirmó a PULSO oficialmente la compañía operadora, entre otros, de los casinos de Viña del Mar, Rinconada de Los Andes y San Antonio. En Enjoy aseguran que llevan algunas semanas analizando los pasos a seguir, pero que la intención es llevar el caso a la arena penal.

Al ser consultada la empresa, desde Enjoy reconocieron que están hace semanas trabajando con los abogados y que se encuentran estudiando acciones penales. Confirmaron, además, estar analizando en detalle la participación de los actores involucrados en la que llamaron “campaña de desprestigio en contra de la compañía”.

“En esta se han valido de una comisión parlamentaria y de una organización gremial para fines político partidistas”, complementó la firma, de manera oficial.

La primera medida que tomó la compañía fue contratar los servicios del conocido penalista Jorge Bofill, quien encabezará el análisis jurídico. Preliminarmente, reconocen conocedores del análisis jurídico, Enjoy considera que existe asidero y material suficiente como para configurar eventuales faltas. Al respecto, acusan una eventual coordinación entre políticos y una asociación gremial (la Asociación de Casinos, donde pertenecen los actores de la industria salvo la propia Enjoy). Consultada la empresa sobre cuál sería el eventual delito, por ahora declinaron abordar ese punto hasta la presentación de los requerimientos penales.