La Corte Suprema acuerda escuchar la disputa sobre juegos de azar entre indígenas de Texas

Si las dos tribus de Texas ganaran su caso en la Corte Suprema, podría haber un efecto dominó en todo el país, lo que estimularía más casinos controlados por tribus.

En la orden no firmada del 18 de octubre en Ysleta Del Sur Pueblo contra el Estado de Texas, expediente judicial 20-493, los jueces, como es su costumbre, no ofrecieron ninguna explicación de su decisión.

La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito falló en contra de las tribus, encontrando que el estado estaba dentro de sus derechos legales para prohibir las startups de juegos por parte de las tribus. El juego es un eufemismo de la industria para los juegos de azar.

La administración Biden está del lado de las dos tribus de Texas, argumentando que no tienen los mismos derechos de juego que muchas otras tribus de la nación ya disfrutan.

Texas, que generalmente se opone al juego, argumentó en documentos judiciales el mes pasado que la corte de apelaciones tomó la decisión correcta e instó a la Corte Suprema a rechazar el caso.

La ley que rige a las tribus nativas americanas en los Estados Unidos es compleja.

El gobierno federal y las tribus indígenas tienen una relación especial. Como la Corte Suprema determinó en Estados Unidos v. Mitchell (1983), «una relación de confianza general entre los Estados Unidos y el pueblo indio» ha existido durante mucho tiempo. El hecho de que el gobierno de los Estados Unidos tiene el deber de cumplir con los compromisos adquiridos en el tratado se denomina doctrina de responsabilidad fiduciaria.

La responsabilidad fiduciaria entre las dos tribus y el gobierno federal había sido cancelada por el Congreso en la década de 1960. Un estatuto federal de 1986 restauró la responsabilidad del fideicomiso federal, junto con el estado soberano y las tierras de las dos tribus, pero contenía disposiciones que impedían que las tribus se involucraran en el negocio del juego.

En 1988, el Congreso aprobó un estatuto separado, la Ley Reguladora del Juego de la India (IGRA), que creó un marco regulatorio que garantiza el derecho de una tribu a ofrecer ciertas actividades de juego en su tierra soberana si esas actividades son legales en el estado donde tienen lugar.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito se puso del lado de Texas, sosteniendo que los juegos de bingo en Speaking Rock Entertainment Center en El Paso eran ilegales y que los derechos de juego aplicables se regían por la ley de 1986, no por IGRA.