ADCJ pide modernizar la regulación de casinos en República Dominicana

Una reforma para fortalecer la supervisión del juego

La ADCJ sostiene que la industria de casinos constituye uno de los componentes relevantes de la oferta turística dominicana, al estar integrada principalmente a complejos hoteleros y contribuir a la generación de empleo formal, la inversión y la actividad económica.

Durante las últimas décadas, el sector también ha incorporado estándares internacionales de cumplimiento, controles internos, prevención del lavado de activos, auditorías independientes y estructuras de gobierno corporativo. En este contexto, la asociación participa en el debate sobre el nuevo proyecto de ley con el objetivo de contribuir a la construcción de un marco regulatorio acorde con la evolución tecnológica y comercial del mercado.

El proyecto contempla la creación de una Dirección General de Juegos como organismo regulador, además de un régimen de licencias y mayores controles sobre las operaciones presenciales y digitales.

Independencia y capacidad efectiva de supervisión

Consultado sobre los cambios que la ADCJ espera con la implementación de este nuevo esquema, David Moniz señaló:

“La creación de una autoridad especializada representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad del sector, siempre que cuente con independencia técnica, reglas claras y capacidad efectiva de supervisión. Desde la Asociación Dominicana de Casinos de Juegos entendemos que el éxito de cualquier organismo regulador no dependerá únicamente de nuevas facultades legales, sino de la aplicación uniforme de la normativa, de la transparencia de sus actuaciones y de la seguridad jurídica que ofrezca a todos los operadores".

"Esperamos un modelo de supervisión basado en criterios técnicos, con procesos modernos de licenciamiento, fiscalización y control que permitan reducir la informalidad, garantizar condiciones de competencia leal y proteger tanto al consumidor como a la inversión responsable. Una regulación eficiente debe facilitar el cumplimiento, no convertirlo en una carga desproporcionada.”

Para la ADCJ, la modernización del marco legal debe apuntar a fortalecer el cumplimiento efectivo de las normas mediante un sistema regulatorio moderno, proporcional y técnicamente consistente. El objetivo es que la regulación incentive la formalización y permita mejorar la capacidad de supervisión del Estado sin generar condiciones que favorezcan el desplazamiento de operaciones hacia la informalidad.

La discusión sobre las licencias de casinos

Uno de los aspectos que genera mayor debate dentro del proyecto es la moratoria de diez años para nuevas licencias de determinados establecimientos, aunque se contemplan excepciones para casinos ubicados en hoteles y zonas turísticas.

La ADCJ también cuestiona la propuesta de separar las licencias correspondientes a juegos de mesa y máquinas tragamonedas, al considerar que ambas actividades forman parte de una operación integral de casino. A su entender, esta fragmentación podría introducir complejidades operativas e incertidumbre jurídica en una actividad que requiere reglas claras y previsibles para continuar atrayendo inversiones.

La propuesta de una licencia de 15 años

Sobre la moratoria y la duración de las licencias, Moniz explicó:

“Este punto lo hemos seguido debatiendo, originalmente contemplaba 5 años y ya lo han aumentado a 10 años. Por criterios de proporcionalidad regulatoria, seguridad jurídica y estándares internacionales de la industria casino-turística —donde las habilitaciones de largo plazo son la norma—, nosotros seguimos insistiendo que la licencia de casino debe tener una duración no menor de quince (15) años, renovable por períodos iguales, sin que ello afecte el poder de policía del Estado, que conserva íntegras sus potestades de supervisión, sanción, suspensión y revocación.”

La asociación considera que la previsibilidad regulatoria es especialmente relevante para una actividad vinculada al turismo y a inversiones de largo plazo. En este sentido, defiende que la nueva legislación se sustente en principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad regulatoria.

Informalidad y competencia desleal, entre los desafíos del mercado

Otro de los ejes centrales del debate regulatorio es el crecimiento de determinados puntos de apuestas y la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización para evitar situaciones de competencia desleal.

Para la ADCJ, el desafío no pasa únicamente por incorporar nuevas restricciones, sino por garantizar una aplicación efectiva y uniforme de las reglas existentes.

Cumplimiento efectivo de las normas

Ante la consulta sobre los principales desafíos de ordenamiento y fiscalización del mercado dominicano, el presidente de la asociación respondió:

“El principal desafío del mercado dominicano no es la falta de regulación, sino la necesidad de lograr un cumplimiento efectivo y uniforme de las normas existentes. Durante años se ha producido un crecimiento desigual entre distintos subsectores del juego, generando espacios donde la informalidad y la competencia desleal afectan a quienes operan dentro del marco legal".

"La experiencia internacional demuestra que cuando las reglas son modernas, proporcionales y se aplican de manera consistente, aumenta la formalización y mejora la capacidad recaudatoria del Estado. En cambio, cuando existen cargas regulatorias desalineadas con la realidad del mercado o una supervisión desigual, se crean incentivos que favorecen la permanencia de operadores al margen del sistema.”

Desde la perspectiva de la ADCJ, una legislación desactualizada frente a la evolución del mercado y una aplicación desigual de las disposiciones vigentes pueden generar espacios de informalidad, competencia desleal y distorsiones regulatorias que terminan afectando tanto al Estado como a los operadores que cumplen con sus obligaciones.

Fiscalidad y estándares internacionales

Además de las licencias y los mecanismos de supervisión, la ADCJ considera necesario revisar determinados aspectos técnicos del proyecto antes de su aprobación definitiva.

Uno de ellos es la definición de la base imponible. La asociación señala que el proyecto adopta el criterio del GGR para determinadas modalidades, como los juegos por internet, mientras establece una metodología diferente para otras actividades, calculando el impuesto sobre el monto total apostado sin deducir los premios.

Para la ADCJ, esta diferencia podría generar interpretaciones contradictorias, dificultades administrativas y distorsiones tributarias, por lo que considera conveniente revisar el criterio antes de la aprobación definitiva de la legislación.

La asociación también cuestiona las restricciones horarias exclusivamente aplicables a los casinos. Su posición es que estos establecimientos forman parte de la oferta permanente de entretenimiento de los complejos hoteleros y atienden a una demanda turística internacional que no se ajusta necesariamente a los horarios comerciales tradicionales.

Las prioridades para una nueva etapa regulatoria

De aprobarse definitivamente la nueva ley, el desafío será determinar cómo implementar el nuevo sistema sin afectar la sostenibilidad de las operaciones formales y, al mismo tiempo, elevando los estándares de control, protección al usuario y juego responsable.

Seguridad jurídica, supervisión y juego responsable

Sobre las prioridades que deberían asumir el Estado y los operadores, Moniz afirmó:

“La aprobación de una nueva ley debe marcar el inicio de una nueva etapa para la industria, basada en cuatro prioridades fundamentales: primero, garantizar seguridad jurídica y estabilidad regulatoria; segundo, fortalecer la supervisión con criterios técnicos y homogéneos para todos los operadores; tercero, promover la formalización mediante un marco regulatorio moderno, proporcional y competitivo; y cuarto, consolidar los estándares de protección al usuario, prevención del lavado de activos y juego responsable".

"La Asociación Dominicana de Casinos de Juegos está convencida de que la mejor regulación es aquella que logra equilibrar el interés público con el desarrollo económico, fomenta el cumplimiento voluntario y crea las condiciones para que el sector continúe aportando al turismo, al empleo formal y a las finanzas públicas.”

Para la ADCJ, el objetivo de la nueva legislación no debería limitarse a incrementar los controles, sino construir un sistema que promueva el cumplimiento voluntario, incentive la inversión formal, fortalezca la supervisión estatal y eleve los estándares de transparencia para todos los participantes del mercado.

Una oportunidad para el mercado dominicano

El debate sobre la nueva Ley de Juegos de Azar abre una etapa de definición para el futuro de la industria dominicana. Para la ADCJ, la modernización del marco regulatorio debe permitir al Estado fortalecer sus herramientas de supervisión sin generar cargas desproporcionadas que puedan favorecer la informalidad.

La asociación también destaca la trayectoria de cumplimiento de los casinos dominicanos y su contribución al turismo, al empleo formal y a la economía nacional. En este sentido, considera que la reforma puede convertirse en una oportunidad para consolidar un modelo regulatorio capaz de combinar protección al consumidor, competencia leal, seguridad jurídica e inversión.

En un mercado en proceso de transformación, la discusión sobre la nueva legislación será determinante no solo para definir las condiciones de operación de los casinos y demás segmentos del juego, sino también para establecer el equilibrio entre control estatal, desarrollo económico y competitividad de República Dominicana como destino turístico internacional.