Reactiva Perú, pero solo los privilegiados

Durante todo este proceso del manejo de la crisis de la pandemia, además, hemos tratado desde nuestras posiciones de ser lo más conscientes posibles y colaborar con las medidas del Ejecutivo peruano.

Como empresarios de la industria del entretenimiento, tomamos todas las precauciones para proteger a nuestros consumidores. Se establecieron mecanismos de control sanitario complementarios a los ya existentes, se iniciaron campañas de concientización, etc.

Como peruanos, entendimos que el rumbo debe ser uno solo; salir de esta situación y empujar el carro en la misma dirección, todos. Cerramos nuestras puertas el 15 de marzo, pero cumplimos mayoritariamente con nuestros trabajadores a final de mes, aun teniendo solamente el 50% de los ingresos proyectados. Hacemos un esfuerzo grande por seguir adelante, honrando el pago de alquileres y de servicios generales, aún sin tener ingresos. Esto, sin entrar en detalles, es ya un esfuerzo muy grande.

Pero paulatinamente hemos ido recibiendo, como recompensa, la indiferencia del gobierno. Primero con una posición laboral en la que se pretende que sigamos pagando sueldos y beneficios sociales sin tener ingresos. En este punto, parece que la Ministra de Trabajo considera que tenemos alguna fuente de recursos ilimitados, de la que podremos echar mano indiscriminadamente.

Mientras tanto, hay un doble discurso en relación con el trabajador. Por un lado, se pide no extinguir el vínculo laboral, pero por otro lado no se dan alternativas válidas para que esto sea posible. Se invoca a los empresarios a hacer un sacrificio, que en estos momentos es un salto al vacío. El Sector Trabajo demuestra que vive alejado completamente de la realidad.

Redondeando la lamentable actuación en este campo, la publicación del Reglamento de Reactiva Perú que salió publicado en el Diario Oficial hoy día, 13 de abril, excluye expresamente de la posibilidad de acceder a algún crédito de salvataje a la industria de juegos de casino y máquinas tragamonedas, situándolo en una lista de actividades de percepción social negativa, junto a la prostitución y fabricación y comercio de armas. Es decir, el Estado acaba de gritar a los 4 vientos que no le interesa el bienestar ni los derechos laborales de las más de 80,000 familias que viven formal y legalmente de esta industria.

Muchas de las personas que trabajan en nuestra industria son madres solteras, que constituyen un segmento de la población vulnerable del país. Les proveemos sueldos dignos y beneficios sociales para ellas y sus hijos, pero esto parece no ser de importancia para este Estado.

Acaba de abofetear a los empresarios que con esfuerzo invierten y reinvierten en el país, generando empleos y una contribución tributaria ligeramente menor a la pesca, por ejemplo, y muy superior al impuesto a las transacciones financieras.

El Gobierno del Perú, que durante meses ha proclamado el credo y enarbolado la bandera de la inclusión, tolerancia y lucha contra todo tipo de discriminación, acaba de actuar exactamente al contrario de todos estos principios, de manera probablemente inconstitucional, además. Pareciera que para la gestión actual los derechos laborales de todos los peruanos no son iguales.

No es posible que, en un momento de crisis mundial sin precedentes, donde la mayor preocupación es no romper la cadena de pagos, se tenga una actitud tan discriminante y poco responsable. ¿Cómo se espera que estas 80,000 familias subsistan en la crisis? ¿Seguirán pidiendo absurdamente que los empresarios busquen la olla de oro al pie del arco iris para poder compartir algo de dinero con sus trabajadores?

Resulta paradójico y casi surrealista escuchar al Presidente del país pedirnos unidad y apoyo entre todos, cuando precisamente nos acaban de dar la espalda de la manera más ofensiva posible. Es lamentable constatar como ciertas taras y estigmas siguen estando presentes en niveles gubernamentales, acompañados de algunas decisiones, incomprensibles, que castigan a unos y privilegian a otros.

Hago votos sinceramente porque esta conducta intransigente, discriminante y ofensiva del Ejecutivo, que castiga la formalidad de un negocio plenamente establecido y contribuyente al 100%, regulado como ninguno, cambie en beneficio de las 80,000 familias que viven de él y contribuyen al empleo formal.