Cejuego: ´El ministerio ha basado la ley del juego en criterios ideológicos´

Pese a que el juego parece mantener unas cifras estables durante la pandemia, el presencial sí tuvo que adaptarse a la desescalada de primavera y verano por su alto componente social: “Tras el confinamiento, costó que el cliente recuperara la confianza. Al principio, muchos entraban solo para comprobar las medidas higiénicas con cierto recelo”, destaca Landaluce. Desde su punto de vista, en muchas ocasiones, el problema se encuentra en “que estamos viviendo una situación compleja que obliga a adoptar medidas diferentes en cada territorio, acatando normativas a veces ambiguas y, en algunos casos, incluso contradictorias, por lo que tanto los clientes como los empresarios están algo desubicados”.

Más allá de la crisis del coronavirus, y teniendo en cuenta que las complicaciones casi nunca vienen solas, el sector del juego tiene que asimilar una nueva reglamentación que le afecta de forma directa. El pasado 4 de noviembre, se publicó en el BOE el real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego. Esta legislación responde, según se indica desde el Gobierno, “a una clara vocación de protección de la salud pública, de los menores de edad, de los consumidores y de la sociedad en su conjunto”. Entre las medidas de obligatoria aplicación, se encuentra la restricción de las comunicaciones comerciales audiovisuales a la franja horaria de 1:00 a 5:00. Del mismo modo, la ley prohíbe la aparición de personas famosas o relevantes en los anuncios, veta las promociones de captación de clientes nuevos y, en materia de patrocinio, ya no podrán utilizarse las equipaciones deportivas.

“Desde Cejuego, siempre hemos solicitado una regulación en materia de publicidad y, de hecho, la norma aprobada en primavera —el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo— nos pareció restrictiva, pero bastante sensata”, señala el director general de la organización, quien añade que, por el contrario, “la nueva legislación es casi una prohibición y, para más inri, no se aplica el mismo criterio para el juego público y el privado. El Estado es juez y parte”. Para Alejandro Landaluce, “el ministerio se ha basado en criterios ideológicos, en lugar de fundamentar la ley en datos reales: las propias fuentes ministeriales reconocen en la memoria del decreto que no existe un aumento de la ludopatía y que se mantiene estable en los últimos cinco años”. Bajo su perspectiva, “si un anuncio sobre el juego puede considerarse inapropiado para una parte de la sociedad, lo es de cualquier tipo, al margen de su gestión. Mirar un 'spot' televisivo de Loterías del Estado un domingo a las cinco de la tarde es muy similar a ver un anuncio de una casa de apuestas”.

El ánimo de lucro y la inmediatez del premio

Los dos pilares en los que se sustenta la argumentación del Gobierno para proteger a la población vulnerable y, por lo tanto, diferenciar el trato entre el juego público y el privado están relacionados con la instantaneidad de los premios y el ánimo de lucro de las empresas privadas. Sobre lo primero, Alejandro Landaluce se esmera en dejar claro que “la mayor parte de las apuestas deportivas son diferidas en el tiempo y funcionan exactamente de la misma forma que la quiniela, es decir, puedes jugar el lunes, el martes o el miércoles y el evento realizarse, por ejemplo, el sábado o el domingo. No obstante, el Rasca de la ONCE es inmediato. Por lo tanto, no existe esa diferencia entre el juego público y el privado a que hace mención el ministerio”.

En relación con el ánimo de lucro, el responsable de Cejuego recuerda que “el Gobierno también tiene afán recaudatorio”, y pone como ejemplo Loterías y Apuestas del Estado, “que es la empresa pública más rentable”. Por otra parte, pone encima de la mesa la cifra de 1.700 millones de euros que el sector aporta al Estado en impuestos: “De los cuales, 1.300 millones proceden de impuestos directos sobre el juego y los restantes son los propios de cualquier actividad empresarial”. Y puntualiza que, en su opinión, “la nuestra es una aportación de obra social mucho más cuantiosa que los cerca de 300 millones que aporta la ONCE al año”.

Otro de los puntos polémicos del nuevo decreto que preocupan al sector es el fomento de las apuestas ilegales. “La regularización de la actividad ‘online’ que se llevó a cabo en 2011 sirvió para que en España el juego legal se impusiera al ilegal, siendo la publicidad del juego legal uno de los factores que más contribuyeron”. El representante de Cejuego explica que esa era su “gran ventaja” frente a las compañías "que operan en entornos ilegales, las cuales escapan tanto del control de impuestos como de otros tipos de restricciones, y pueden resultar tentadoras y peligrosas para los clientes".

Según el portavoz, “si nos fijamos en aquellos países donde ya se ha limitado excesivamente la publicidad del juego legal, podemos vaticinar un aumento del juego ilegal”.

La alarma social centrada en el juego

En los últimos años, las críticas más duras hacia el juego se han centrado en tres aspectos sociales muy delicados y no menos controvertidos: la protección a los menores, la proliferación de salas de apuestas en barrios humildes y la relación entre ludopatía y consumo de alcohol (u otras sustancias psicoactivas). Los dos primeros temas tienen un origen común: la ubicación de los locales. Alejandro Landaluce recalca que “se trata del típico estigma sin sentido, ya que los menores no son nuestro público objetivo y además tienen prohibida la entrada a los establecimientos. No buscamos una localización cercana a los centros de educación, sino que en nuestro país los colegios e institutos están distribuidos por todas las áreas comerciales. De igual forma que al lado de una escuela hay un bar, una administración de lotería, una farmacia o un estanco, también puede haber una casa de apuestas”.

Para desmontar lo que desde su punto de vista es una falacia, Landaluce cita dos documentos concretos. Por un lado, se refiere al artículo titulado "La distancia, ¿importa?", publicado por el profesor Jordi Ortiz, de la Universidad de Extremadura, donde se concluye que en esa región “solo un 6,3% de los jóvenes encuestados reconoce haber apostado cerca de su centro educativo”. Del mismo modo, se apoya en los datos aportados por la Policía Nacional procedentes de la operación Arcade: “Tras más de 1.800 inspecciones en salones de juego con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa sobre el acceso de menores, tan solo se identificó a 28 infractores en toda España”. Y añade que “la mayoría de ellos habían falsificado el documento de identidad para poder acceder a los salones”.

Respecto a la sobrerrepresentación de casas de apuestas y salones en barrios humildes donde, 'a priori', existe gente vulnerable a la ludopatía, la patronal del juego de nuevo recurre a una distribución basada en criterios comerciales. “En los locales de apuestas y salones de juego, la apuesta media ronda los cinco euros, una cantidad accesible para cualquiera, lo que explica el tipo de negocio del que estamos hablando: tipo 'retail', es decir, muchas ventas de poco margen cada una, y por tanto su localización obedece a criterios como el tránsito de peatones, arterias comerciales, buena visibilidad y alquiler accesible”. Asimismo, desde el sector se hace hincapié en que la concentración de locales viene provocada, sobre todo en Madrid, “porque todos los empresarios queremos estar presentes en las principales vías comerciales y estas son muy limitadas en cualquier gran ciudad”.

Para Landaluce, “la mayoría de las personas se relaciona con las apuestas de una forma normal; se trata del 99,7% de la población. No obstante, existe un 0,3% que puede desarrollar trastornos de comportamiento relacionados con el juego. Se trata de personas que suelen mostrar varias patologías, como un comportamiento compulsivo con las compras, la comida, el consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, o sexo… Debemos tratarlas adecuadamente, fomentando tanto la formación y prevención como el adecuado tratamiento para que no caigan en una relación enfermiza con su entorno, pero en ningún caso se debe penalizar a toda la sociedad. Aunque algunos tengan un problema, la inmensa mayoría sabe divertirse con el juego de forma responsable”.