Comisión de Juegos presenta nuevo reglamento de máquinas tragamonedas en Puerto Rico

El funcionario explicó que el Reglamento para la Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, radicado el viernes, fue atemperado a la Ley 42-2024, de la autoría del representante José Rivera Madera y firmada por el gobernador el pasado 7 de febrero.  Dicho estatuto contiene a su vez las enmiendas más recientes integradas la Ley 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como la Ley de Máquinas de Juegos de Azar.

“La promulgación del reglamento es vital. Es indispensable para que la Comisión pueda salvaguardar la integridad de las industrias bajo nuestra jurisdicción. Es igualmente imprescindible para proteger a nuestra sociedad de los riesgos de que el Estado no pueda mantener una fiscalización adecuada de los juegos de apuestas por medio de la emisión y la supervisión rigurosa de las licencias de operación”, dijo Santaella Marchán en declaraciones escritas.

De acuerdo con el director ejecutivo interino de la Comisión, el reglamento incorpora las enmiendas dispuestas en la Ley 42-2024, referentes a regular el costo por licencia y la distribución de sus ingresos; regular la cantidad de máquinas de juegos de azar por negocio y sus premios; regular la distribución de los ingresos generados por las máquinas de juegos de azar y establecer el periodo en que los dueños mayoristas podrán pagar la totalidad de las licencias de las máquinas a las que tengan derecho.

Santaella Marchán indicó, además, que se integró la provisión relacionada al pago de al menos un 50 por ciento del ingreso proveniente de los juegos a los retirados de la Policía de Puerto Rico, y dispone que la Legislatura deberá evaluar el reglamento.

Santaella Marchán notificó el cumplimiento con la presentación del reglamento a la Asamblea Legislativa al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica Jr., por tratarse de un asunto relacionado con los ingresos y egresos del fisco. Este ente ha estado inmerso en el proceso de evaluación y análisis del impacto de las enmiendas efectuadas por la Legislatura a la Ley 11 de 22 de agosto de 1933, supra.