El Senado crea un Frente Parlamentario para discutir los juegos de azar en Brasil

La propuesta del Frente Parlamentario surgió por iniciativa del Senador Eduardo Girão (Podemos-CE), quien declaró lo siguiente: “Visité países, hablé con el mundo académico, hablé con instituciones de inspección y control dentro y fuera de Brasil, y me horrorizó lo que hay detrás: un lobby muy poderoso que destruye vidas y familias enteras”.

El objetivo del Frente, según el texto aprobado por los senadores, es “promover debates y adoptar iniciativas que desalienten el juego y combatan sus consecuencias nocivas para la sociedad”. El senador Eduardo Girão asoció el juego con prácticas como el lavado de dinero, la evasión de impuestos, la evasión de ingresos, la corrupción de funcionarios públicos y la creación de un ambiente propicio para la ludopatía (adicción al juego).

“La legalización del juego resultará en costos para la sociedad mucho mayores que cualquier beneficio. Además, los beneficios serán privados para los operadores de juego, mientras que los costes serán para la sociedad en su conjunto. Los argumentos de quienes defienden el juego destacan solo el lado positivo y no tienen en cuenta los efectos negativos”, subrayó el político.

Algunos de estos temas fueron abordados cuando el texto del Marco Normativo, proveniente del proyecto de ley 442/1991, estaba siendo debatido en la Cámara de Diputados, por un grupo de parlamentarios a favor de la medida. Escucharon a expertos en salud pública para crear mecanismos para ayudar a los jugadores adictos. Una de las iniciativas es intensificar la construcción de Centros de Apoyo Social, que puedan recibir y ayudar a personas con este tipo de diagnóstico.

Además, los parlamentarios escucharon a miembros de la Receita Federal para escuchar sugerencias sobre cómo adecuar la ley para que su posible aprobación no sea un camino abierto para los delitos de cuello blanco destacados por Girão en su justificación contra la aprobación de la medida.

Además, el texto prevé la creación de Sinaj, una agencia reguladora estatal para administrar el registro de jugadores y empresas interesadas en operar en Brasil. Se estima que el mercado de juegos ilegales mueve alrededor de R$ 20 mil millones al año, algo que podría incorporarse a las arcas públicas en caso de legalización.

A favor de la liberación de juegos electrónicos y plataformas de apuestas, el senador Ângelo Coronel (PSD-BA) argumenta que, de las 20 mayores potencias mundiales, solo tres (Indonesia, Arabia Saudita y Brasil) no tienen juego legal.

“Ya no podemos renunciar a la legalización de los juegos, que ya son bancarizados libremente, tanto los juegos electrónicos como las plataformas de apuestas electrónicas. Sin impuesto de R$ 1 para Brasil. Ya no podemos vivir en este mundo moderno sin legalizar el juego en Brasil”, dijo.