Industria de Juegos de Suerte y Azar fortalece la salud pública en Colombia

El sector de Juegos de Suerte y Azar en Colombia se consolida como un aliado estratégico de la salud pública. De acuerdo con la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (CORNAZAR), los aportes de la industria legal superaron los $926 mil millones al cierre de julio de 2025, según cifras oficiales de Coljuegos.

Durante el primer semestre, las transferencias al sistema de salud alcanzaron $883.992 millones, recursos que financian la atención médica de millones de colombianos beneficiarios del régimen subsidiado. De esta cifra, $566.563 millones provinieron de los juegos nacionales, incluyendo casinos, bingos y plataformas de apuestas por internet, lo que representa un aumento del 26,9 % frente al mismo período de 2024.

“La industria del juego legal no solo representa entretenimiento, sino también progreso, formalidad y aporte social. Cada peso transferido se traduce en salud para los colombianos. Desde CORNAZAR reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad y la transparencia”, afirmó Elizabeth Maya Cano, presidenta ejecutiva de CORNAZAR.

El gremio destacó que estos resultados son fruto del trabajo de cientos de operadores regulados, incluyendo salas de juego, casinos, bingos, plataformas digitales, proveedores tecnológicos y aliados estratégicos, generando miles de empleos formales y contribuyendo al desarrollo regional. Así, el juego legal se consolida como un motor de innovación y confianza institucional.

“La ilegalidad pone en riesgo vidas, empleos y recursos fundamentales para la salud de los colombianos. Por eso, nuestra misión es seguir promoviendo la transparencia y la sostenibilidad, en defensa del bienestar colectivo”, agregó Maya Cano.

No obstante, CORNAZAR advierte que el sector enfrenta desafíos como inestabilidad tributaria y la competencia desleal del juego ilegal, que pone en riesgo los recursos destinados a la salud pública. Por ello, la organización hace un llamado a la colaboración entre el Estado, los reguladores y los empresarios, para fortalecer la sostenibilidad del juego formal y combatir las prácticas ilícitas.