Las máquinas tragamonedas quedan fuera de la reforma contributiva

Aunque los presidentes legislativos y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares salieron de una reunión ayer con un acuerdo para que la reforma sea aprobada, todavía quedan áreas sin definir para que la pieza vaya a votación.

Una de las áreas en las que buscarán consenso es en los topes que se necesitarán establecer en el Código de Incentivos para que genere al menos los $209 millones que el Departamento de Hacienda dejará de recibir con la reforma contributiva.

“Se acordó hoy (ayer) darle paso a la reforma contributiva”, destacó el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario. “Hemos acordado unas reuniones intensas de trabajo, con miras a tener este proyecto aprobado en las próximas semanas, para identificar los $209 millones que la medida del Ejecutivo tiene identificado para buscar de dónde se van a pagar, y atender ese déficit de alivios contributivos”.

“La lista de incentivos que en algún momento llegó a tener más de $600 millones es una lista grandísima de incentivos que tenemos que mirar y ponerle tope”, agregó el funcionario.

Rosario, además, dijo que queda por finalizar el “por ciento en la baja de (contribuciones a los) individuos y corporaciones, en la baja del B2B, e identificar el por ciento correcto en el IVU de alimentos preparados”.

Originalmente, habría una reducción del 11.5% al 7% en compras de alimentos preparados con transacciones electrónicas, porque permiten fiscalizar mejor el recaudo del IVU.

Ahora, según Rosario, intentarán incluir las transacciones en efectivo, a petición de los líderes legislativos.

Además, no descartó que la reducción del IVU estatal llegue hasta cero, dejando solamente el 1.5% municipal.

“Estaremos modelando (los análisis) y lo que presentemos, será responsable”, mantuvo Rosario. “No está descartado ningún por ciento”.

Pero la conferencia de prensa después de la reunión de Rosselló con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y su homólogo de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, se concentró en que se habían superado los principales escollos que hasta el momento tenían la reforma estancada.

“Estoy convencido de que antes de que termine esta sesión habremos de aprobar una reforma contributiva consistente con los compromisos en el Plan para Puerto Rico reduciendo la obligación contributiva de los puertorriqueños”, dijo Rivera Schatz.

“El jueves nos volvemos a reunir con el gobernador y tenemos la aspiración de que la próxima semana estaremos aprobando la reforma contributiva”, agregó.

El tranque estaba en las propuestas de que la reforma contributiva incluyera la eliminación o sustitución del impuesto al inventario de los comercios y la legalización de las máquinas tragamonedas.

Ambos asuntos se trabajarán en proyectos futuros. Aunque la reforma sí mencionará las máquinas tragamonedas, no dependerá de cualquier ingreso que pueda generar.

Sobre el impuesto al inventario, Méndez dijo que no puede eliminarse porque los municipios tienen servicios y repago de bonos que dependen de esos ingresos, por lo que consideran propuestas de alcaldes para sustituirlo con ajustes en el lenguaje del Proyecto de la Cámara 1411.

Con respecto a las máquinas tragamonedas, Méndez dijo que sí se mencionará en la reforma contributiva, pero que la medida no dependerá de los ingresos que generen.

“El estado de derecho actual permite que el secretario de Hacienda lo pueda hacer (legalizarlas), pero hay un pleito en el tribunal que no permite hacerlo”, sostuvo el presidente cameral.

“Lo que estamos mirando es que si en la eventualidad eso ocurriese, que sea la conexión de las máquinas existentes… Lo que queremos es que las máquinas que están por ahí al garete, sueltas, que no están pagando contribuciones ni licencias al gobierno de Puerto Rico, sean conectadas a Hacienda y comiencen a tributar”, abundó.

Los líderes legislativos señalaron que, por el momento, no se ha definido el destino del dinero que produzcan las tragamonedas.

Con relación al balance de la reforma contributiva, se mostraron confiados en que tendrá un balance neutro entre ingresos y costos. Así se evitaría un veto de la Junta de Supervisión Fiscal, cuya presidenta ayer estuvo reunida en las oficinas de presidencia del Senado, pero al final salió sin hacer comentarios a la prensa.

Para el economista José Caraballo Cueto, es lamentable que no se incluyera una alternativa al impuesto al inventario de los comercios.

“Es un impuesto descabellado y distorsiona la toma de decisiones de las empresas. Hubiese sido bueno que lo trabajaran”, señaló Caraballo Cueto. “Dejando lo controversial afuera, no se resuelve el problema”.

Estuvo de acuerdo con las modificaciones a varios incentivos, pero advirtió que “la reforma tiene otro aspecto que tenían que revisar, como la partida para todos los que trabajan por su cuenta”.

“Hay deducciones dudosas, pero hay otras que son clarísimas, como el alquiler y el gasto de nómina. Sé que eso era para congraciarse con los contables certificados, pero aumenta el costo de hacer negocios”.