Les Corts improvisa la delegación del voto de diputados para aprobar la ley del Juego

Los seis síndics en Les Corts tendrán el lunes en sus manos el voto de los 99 diputados de la Cámara. Será con motivo de la aprobación de la Ley del Juego, que saldrá adelante con los votos del Botánico, porque el consenso que se pretendía obtener no será tal y hasta el último momento se negociará. Por esa posible necesidad de pactar, se ha improvisado una fórmula que no condicione los acuerdos al voto a distancia de casi un centenar de diputados. De tal modo que serán los síndics los que voten en representación de todo su grupo parlamentario.

Ciudadanos, al menos, parece tener decidido que votará en contra de esta iniciativa. Vox, que aún medita el sentido de su votos, se muestra reacio a que esta ley se lleve al pleno en la situación actual al parlamento valenciano, un argumento que desde Cs se ha recuperado: en tiempos de pandemia no es momento de aprobar una norma que restringirá la actividad del sector del juego, lo que fuerza a un ajuste del empleo cuando se vive una gran incertidumbre económica a causa de la pandemia.

Precisamente, la situación generada por el coronavirus implica que en el pleno de Les Corts en el que se debatirá la ley se utilice el voto ponderado, algo insólito. Nunca se había hecho. El presidente de la Cámara se ha puesto en contacto con los grupos, que inicialmente han dado su visto bueno a este modo de votar, similar al que se emplea en la junta de portavoces: cada síndic vota por él y por los diputados que integran su grupo. Esta modalidad implica que sus señorías pierden el derecho personal de voto, y lo delegan en su síndic. La fórmula es una innovación, como la mayoría de las medidas de funcionamiento que se van tomando para que la Cámara tenga actividad. El reglamento del parlamento valenciano no preveía que se intente mantener el pulso legislativo en tiempos de pandemia. Así que existe ese punto de improvisación para adaptarse a las circunstancias. Esa necesidad de asumir lo imprevisto implica, no obstante, que puedan abrirse resquicios jurídicos que aprovechen quienes están en contra de la ley, como ya ha ocurrido en alguna ocasión. En 2001 una votación sólo de los portavoces municipales de Ontinyent permitió que saliera adelante una moción de censura contra la popular Lina Insa. Aquella decisión, también por voto ponderado, acabó en el Supremo, que la anuló cinco años más tarde.

Fuentes de la oposición admiten que, además, de este modo, con el voto ponderado, se controla por completo a los diputados. No habrá posibilidad de indisciplina en un punto del pleno al que se llega con varias enmiendas transaccionales vivas.

Habrá que ver si todos los diputados de la Cámara aceptan la ponderación del voto. Si alguno recurriese esa delegación de su derecho, según esas mismas fuentes de la oposición, sería imposible ejercer la votación tal y como se ha acordado. Fuentes de la Mesa y de la Junta de Les Corts aseguran que el voto ponderado no se tiene que ratificar después individualmente por parte de los diputados.

Las empresas dedicadas a la actividad del juego se oponen la aprobación de esta normativa y apelan a que su aplicación provocará un ajuste del empleo, un argumentario que ha asumido Ciudadanos.

La pandemia dificulta todo el proceso, ya de por si envuelto en la incertidumbre propia de las leyes que se aprueban con ajustes sustanciales en su tramitación parlamentaria. La ley modifica la que estuvo vigente en la Comunitat desde 1988, obsoleta por las nuevas modalidades de juego y por el fenómeno de la ludopatía. El Consell de socialistas y nacionalistas aprobó en 2018 el proyecto de la nueva ley, pero durante su tramitación parlamentaria se adelantaron las elecciones, y se quedó pendiente de su aprobación final. La mala suerte ha continuado para la ley del juego, a la que esta vez sólo le faltaba ir a pleno cuando el coronavirus paralizó toda la actividad. Ahora se retoma. En la Ley de Acompañamiento aprobaron la suspensión de la concesión de licencias de apertura de nuevos locales de apuestas. La moratoria era de seis meses, hasta junio, porque tenían previsto aprobar la ley antes. Llegó el coronavirus y ahora se pretende aprobar contrarreloj con una votación inédita en la Cámara.