Los brasileños están a favor de legalizar casinos y bingos con controles

La encuesta nacional se realizó entre el 21 de febrero y el 1 de marzo de este año. Se entrevistó por teléfono a un total de 5.039 personas, seleccionadas mediante muestreo aleatorio estratificado (dividido en estratos) de la población brasileña de 16 años o más. El margen de error medio es de 1,72 puntos porcentuales, con una confianza del 95%.

El senador Irajá (PSD-TO) es el ponente del proyecto de ley 2.234/2022, del ex diputado Renato Vianna (MDB-SC), que autoriza el funcionamiento de casinos y bingos en Brasil. El proyecto también legaliza los juegos de azar y permite las apuestas en las carreras de caballos, entre otros juegos de azar. La intención del ponente es subvencionar la deliberación del proyecto de ley.

Resultados

Tras conocer los principales puntos del proyecto de ley, el 60% de los entrevistados se mostraron favorables a la aprobación del texto que se debate en el Senado. Los que están en contra del proyecto de ley representan el 34% de la población. Otro 6% no sabía o no quiso contestar. A la pregunta de si estarían interesados en asistir o participar en estos juegos si estuvieran autorizados y regulados, el 26% respondió que sí.

Cuando se les preguntó sobre la eficacia de la prohibición de establecimientos y juegos, el 50% de los entrevistados dijeron que creían que la prohibición de juegos tenía poco (21%) o ningún efecto (29%) en la reducción de la oferta de juegos. Por otro lado, el 45% cree que la prohibición provoca una reducción de la oferta: el 25% cree que la prohibición ayuda mucho y el 20% cree que el impacto es moderado.

La mayoría de los encuestados (58%) afirma que la legalización del juego y los casinos contribuiría a aumentar los ingresos y el 44% piensa que habría un aumento del número de puestos de trabajo. En cuanto a los puestos de trabajo, el 36% afirmó que no habría ninguna diferencia con la legalización del juego.

Control

La encuesta también mostró que, aunque la mayoría de los brasileños están a favor de la legalización del juego, les preocupa la comisión de actividades ilícitas, como el blanqueo de dinero, y les inquieta la adicción al juego. Por esta razón, muchos están a favor de medidas para evitar que estas personas jueguen.

Una mayoría significativa de los entrevistados (82%) considera muy importante (65%) o importante (17%) que existan normas para evitar que las empresas de juego y los casinos se utilicen para blanquear dinero y financiar el crimen organizado. Otra medida incluida en el proyecto de ley, la inspección de los juegos y máquinas disponibles en los casinos, como las tragaperras, también recibió el apoyo de los brasileños entrevistados en la encuesta: el 62% valoró positivamente la propuesta.

La creación de un registro nacional confidencial de personas con adicción al juego y a los casinos, para evitar que jueguen y frecuenten estos lugares, recibió el apoyo del 54% de los entrevistados. Otra preocupación es la adopción de normas para evitar que las personas se endeuden a causa del juego, medida apoyada por el 77% de los encuestados.
 

El proyecto

PL  2.234/2022 fue incluido en el orden del día del Pleno en diciembre de 2024, pero acabó siendo retirado a petición del ponente, en la búsqueda de un acuerdo. El texto tiene una solicitud de votación urgente, que aún no ha sido votada por los senadores.

En su momento, el senador Flávio Arns (PSB-PR) presentó una solicitud para obtener datos de organismos públicos que proyectasen los efectos concretos de la propuesta sobre los servicios de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales de la red pública para el tratamiento de problemas de adicción al juego.

Antes de pedir la retirada de la propuesta del orden del día, el senador Irajá recordó que algunos de estos juegos ya funcionan en Brasil, pero son ilegales.

"Vivimos un gran dilema en Brasil. Hay quienes abogan por mantener el juego controlado y dominado por el crimen organizado en el país. Y otros como yo, que estamos a favor de un juego responsable en el país, controlado por el gobierno, que esté supervisado y que también pueda recaudar impuestos y castigar a los que cometen delitos", argumentó.