Mendoza aprueba la ley macro: cambios en RIMI, Juegos y Casinos y el Fondo para la Transformación

Diputados convirtió en ley el paquete de reformas

La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción definitiva a la denominada "ley macro" del Ministerio de Hacienda y Finanzas, un proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo que concentra cuatro reformas estratégicas: la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la reestructuración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, la transformación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) y el cierre del proceso de liquidación de los ex bancos provinciales.

La iniciativa, elaborada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, había regresado desde el Senado con modificaciones y fue aprobada por 33 votos a favor y 7 en contra, correspondientes a los bloques del PJ y Fuerza Patria.

Entre los cambios incorporados se incluyeron beneficios impositivos provinciales para las empresas que adhieran al RIMI, precisiones sobre la liquidación del Fondo para la Transformación y la garantía de que la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos no afectará los recursos destinados a programas de salud.

Adhesión al RIMI con incentivos provinciales

La ley establece la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema nacional orientado a fomentar inversiones productivas mediante beneficios fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas.

Además de los incentivos nacionales, la provincia incorporará beneficios propios con una vigencia de diez años, entre ellos:

• Estabilidad impositiva provincial.
• Prioridad en programas de financiamiento y subsidio de tasas.
• Acceso preferencial a programas de capacitación y asistencia técnica.
• Beneficios para iniciativas de generación de empleo.
• Prioridad para instalarse en parques industriales y otras áreas productivas provinciales.

El Gobierno provincial sostiene que estas medidas buscan atraer nuevas inversiones, fortalecer la producción local y promover la creación de empleo.

Reorganización del Instituto de Juegos y Casinos

La norma habilita una reestructuración integral del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, proceso que deberá completarse en el plazo de un año con el objetivo de alcanzar un equilibrio económico y garantizar la sostenibilidad financiera del organismo.

El plan contempla la posibilidad de reorganizar áreas y funciones, además de ofrecer retiros voluntarios con compensaciones de hasta el 120% de la indemnización legal, reubicaciones dentro del organismo o traslados voluntarios a otras dependencias del Estado, preservando la antigüedad y el nivel salarial.

En los casos en que ninguna de estas alternativas prospere, podrá concretarse la desvinculación con el pago de la indemnización correspondiente. Asimismo, el Ejecutivo provincial podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para asegurar el funcionamiento del organismo durante la transición.

Nuevo rol para el Fondo para la Transformación

Otro de los ejes centrales de la ley redefine las funciones del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, creado en 1993 para financiar proyectos productivos.

Según el Ejecutivo, el nuevo contexto financiero hace innecesario el esquema de créditos directos, por lo que el organismo pasará a concentrarse en subsidiar tasas de interés, facilitar el acceso de las pymes al financiamiento privado y asistir en situaciones de emergencia económica.

La ley también dispone la liquidación de la administradora del Fondo. El Ministerio de Hacienda designará un liquidador que deberá presentar informes trimestrales a la Legislatura sobre el avance del proceso.

Fin de la liquidación de los ex bancos provinciales

El cuarto capítulo de la norma autoriza el cierre definitivo del proceso de liquidación de los activos remanentes de los ex bancos oficiales privatizados durante la década de 1990.

La legislación permite declarar incobrables aquellos créditos para los que ya se agotaron todas las instancias de recupero, con el objetivo de reducir litigios, simplificar los procedimientos administrativos y concluir el saneamiento patrimonial vinculado a la privatización de las entidades financieras provinciales.