Paraguay propone crear la Dirección Nacional de Juegos de Azar

DINAJZAR: una nueva estructura para regular los juegos de azar

El proyecto de ley, remitido al Congreso Nacional el 12 de octubre de 2026, plantea la creación de una institución con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objetivo de reforzar la capacidad institucional del Estado para regular la industria de los juegos de azar.

La propuesta responde a la necesidad de modernizar el marco institucional vigente y mejorar la coordinación de las funciones vinculadas con la regulación, la habilitación y el control de las actividades del sector.

La iniciativa contempla una estructura encabezada por un director nacional y establece un marco de competencias para el organismo, que deberá actuar dentro de los límites fijados por la legislación.

El documento también busca ordenar las atribuciones regulatorias y evitar que las disposiciones administrativas introduzcan obligaciones o sanciones que no estén previstas expresamente en la ley.

Concesiones, autorizaciones y régimen económico

El proyecto dedica uno de sus apartados a las concesiones, las autorizaciones y los premios, además de establecer disposiciones sobre el régimen económico y financiero de la actividad.

En materia de concesiones vigentes, la iniciativa aclara que la creación del nuevo organismo no ampliará automáticamente el alcance de los contratos existentes. La explotación de actividades adicionales requerirá la correspondiente autorización y el pago del canon aplicable.

En cuanto a los cánones, la propuesta mantiene la distribución vigente de los recursos y busca precisar las responsabilidades relacionadas con su percepción y transferencia. También establece criterios para determinar su base de cálculo.

El texto incorpora disposiciones destinadas a delimitar las competencias de la autoridad nacional y de los organismos departamentales y municipales, con el propósito de reducir posibles superposiciones regulatorias.

Fiscalización y medidas contra la explotación clandestina

La lucha contra la explotación no autorizada constituye otro de los ejes de la reforma. El proyecto establece medidas específicas para intervenir ante actividades que operen al margen de las autorizaciones correspondientes.

Entre las herramientas previstas figuran el secuestro de bienes, la clausura preventiva de establecimientos y el bloqueo de plataformas no autorizadas.

La propuesta establece condiciones para la aplicación de estas medidas. En el caso del bloqueo de plataformas, contempla la emisión de una resolución fundada, su ejecución inmediata, la revisión de oficio y el levantamiento de la medida cuando se acredite la existencia de una autorización válida o el cese de la conducta irregular.

El proyecto también diferencia las medidas preventivas de las sanciones administrativas y de las consecuencias penales. El comiso de bienes quedaría sujeto a una decisión judicial en sede penal, mientras que los recursos obtenidos conservarían su destino social vigente.

Asimismo, se propone impedir que la remuneración u otros beneficios del personal del organismo dependan del número o del importe de las sanciones aplicadas, ni de los bienes secuestrados o decomisados.

Juego responsable y protección de los menores

La iniciativa incorpora un capítulo específico sobre juego responsable, con obligaciones dirigidas a proteger a los usuarios y prevenir los riesgos asociados a las apuestas y otras actividades de juego.

Entre las principales disposiciones se encuentran:

• La prohibición de acceso de menores de edad a las actividades de juego.
• La implementación de mecanismos para verificar la identidad y la edad de los usuarios.
• La posibilidad de establecer límites de depósito y de tiempo de juego a solicitud del jugador.
• La incorporación de restricciones a la publicidad de juegos de azar.
• El establecimiento por ley de una distancia mínima de 200 metros entre los locales de juego y los centros educativos.

Este último requisito busca elevar al rango legal una disposición que, según la exposición de motivos, actualmente se encuentra contemplada en un decreto reglamentario.

El documento también establece que las políticas de prevención de la ludopatía y de protección de la niñez deberán ejecutarse en coordinación con los organismos competentes, mediante los acuerdos correspondientes. La propuesta mantiene vigente la Ley N.º 6903/2022.

Prevención del lavado de activos

En materia de cumplimiento normativo, el proyecto busca precisar las responsabilidades de los operadores de juegos de azar dentro del sistema paraguayo de prevención del lavado de activos.

La iniciativa establece expresamente que los operadores son sujetos obligados conforme a la Ley N.º 1015/1997, relativa a la prevención y represión de actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.

Además, propone asignar a la nueva institución funciones de supervisión y fiscalización en esta materia, en coordinación con el marco legal vigente.

La medida apunta a definir con mayor claridad las responsabilidades regulatorias y los mecanismos de control aplicables a los operadores del sector.

Transparencia, integridad y rendición de cuentas

El proyecto incorpora obligaciones de transparencia para el nuevo organismo, que deberá publicar una memoria de gestión y estados financieros auditados, además de remitir un informe anual al Congreso Nacional.

También prevé la publicación en formatos abiertos de información relevante para la industria y la ciudadanía, incluidos los reglamentos, los pliegos de contratación, las adjudicaciones, los contratos, el registro de operadores, las tasas, el detalle mensual de los cánones y las sanciones firmes.

En materia de integridad institucional, la propuesta establece incompatibilidades para los funcionarios y prohíbe que mantengan intereses en concesionarios u operadores del sector. Asimismo, contempla un período de carencia de 12 meses después del cese de sus funciones.

El texto también delimita la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo y establece que los reglamentos y las resoluciones generales no podrán crear obligaciones, infracciones o sanciones que no estén previstas en la ley.

Un proyecto de 72 artículos para reorganizar el sector

La iniciativa está integrada por 72 artículos distribuidos en nueve títulos. Su estructura abarca las disposiciones generales, los juegos de azar y sus niveles de autorización, las concesiones, el régimen económico y financiero, la organización institucional, los registros, el juego responsable, la fiscalización y el régimen sancionador.

El texto incluye, además, un apartado específico sobre hechos punibles, separado de las infracciones administrativas, así como disposiciones transitorias y finales.

La creación de DINAJZAR y la aprobación del nuevo régimen jurídico quedan sujetas al tratamiento legislativo. De avanzar la propuesta, Paraguay contaría con una nueva estructura institucional para la regulación de los juegos de azar, con mayores precisiones sobre fiscalización, cumplimiento normativo, transparencia y protección de los usuarios.