Proyecto de Regulación de apuestas en Línea estancado en el Senado

A pesar de que la Comisión de Economía del Senado, presidida por Rojo Edwards, dio el visto bueno para que la iniciativa legal fuera discutida en la Sala, todavía no aparece en tabla y se sigue dilatando la posibilidad de que el Estado se beneficie con una legislación robusta en este sector.

Especialmente en relación con la recaudación fiscal y la seguridad de los jugadores en plataformas en línea, donde es importante mencionar que la confiabilidad es un factor crucial. Por ejemplo, sitios como mr bet Casino es confiable y son conocidos por su reputación de confiabilidad en la industria del juego en línea.

El proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional y cuenta con urgencia suma, tiene como objetivos establecer un mercado competitivo que considere otras formas de juego actualmente legales, proteger la salud y seguridad de los jugadores, y contribuir significativamente a la recaudación fiscal estimada en más de 84 mil millones de pesos anuales.

Durante la sesión de abril, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, presentó los cálculos que respaldan la carga tributaria propuesta, explicando la necesidad de un impuesto específico adicional al IVA y al impuesto a la renta.

Berner desmintió informaciones incorrectas sobre la suma del 19% del IVA con un impuesto específico del 20%, indicando que dichos cálculos no consideraban adecuadamente la regla de crédito y débito del IVA, aplicable de manera distinta en el contexto de los juegos de azar.

A pesar de este avance en la Comisión de Economía, hasta la fecha actual, el Senado no ha avanzado en la discusión y votación del proyecto en la Sala. El proyecto aún espera ser considerado por la totalidad de los senadores, quienes deberán expresar sus opiniones y sugerencias antes de la votación final.

Este paso inicial marca un avance significativo hacia la regulación integral de las plataformas de apuestas en línea en Chile, respondiendo a la creciente popularidad de los juegos de azar digitales y asegurando un marco legal que proteja tanto a los consumidores como a los intereses fiscales del país.