Puerto Rico busca regular el juego online

Un marco legal para el iGaming

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció cuatro iniciativas legislativas, entre ellas un proyecto para regular los juegos de azar online, conocidos como iGaming, y utilizar parte de los ingresos fiscales generados por la actividad para mejorar las pensiones del sector público.

La medida A158 propone enmendar la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para establecer un marco normativo específico para el mercado digital. El proyecto incluiría requisitos para operadores, proveedores y jugadores, además de disposiciones destinadas a fortalecer la protección de los usuarios y la supervisión de la actividad.

“Queremos promover la innovación médica con protecciones para los pacientes, establecer reglas claras para los juegos de azar en línea y destinar sus recaudos a nuestros jubilados, facilitar el cumplimiento de los acuerdos de divorcio y ampliar el acceso de las personas sordas a los servicios del Gobierno”, expresó González Colón.

Un nuevo arbitrio para financiar las pensiones

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un arbitrio sobre los ingresos brutos ajustados del juego. Los fondos recaudados se destinarían a financiar aumentos en las pensiones de los jubilados del Gobierno de Puerto Rico.

Sin embargo, el anuncio oficial no especificó la tasa impositiva que se aplicaría ni el monto de los incrementos previsionales previstos.

La gobernadora señaló que la iniciativa busca vincular la regulación de una actividad económica con una prioridad de su administración: mejorar los ingresos de quienes se jubilaron tras trabajar en el servicio público.

La propuesta también contempla medidas de juego responsable, ciberseguridad y prevención del fraude y el lavado de dinero, con el objetivo de establecer condiciones de operación y mecanismos de control para el mercado.

La Comisión de Juegos tendrá un rol central en la supervisión

El proyecto otorgaría facultades de fiscalización a la Comisión de Juegos, que trabajaría en coordinación con el Departamento de Hacienda, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y otras dependencias gubernamentales.

Este esquema busca articular la supervisión del sector con los controles financieros y tributarios necesarios para implementar el nuevo régimen.

“Buscamos establecer una estructura de fiscalización que incluya protecciones al consumidor y permita destinar los recaudos del arbitrio a financiar aumentos en sus pensiones”, sostuvo González Colón.

Otras tres iniciativas legislativas

Además de la regulación del juego online, la gobernadora presentó otras tres medidas relacionadas con la innovación médica, los procedimientos de divorcio y la accesibilidad de los servicios públicos.

Innovación clínica y medicina regenerativa

La medida A157 propone crear la Ley de Innovación Clínica y Medicina Regenerativa de Puerto Rico, con el propósito de establecer un marco para tratamientos innovadores y fomentar inversiones en instalaciones dedicadas a producir, procesar y manufacturar productos de medicina regenerativa.

El proyecto contempla la creación de una Junta de Innovación Clínica y Medicina Regenerativa, adscrita al Departamento de Salud, y establece requisitos sobre permisos, calidad, seguridad, competencia profesional, consentimiento informado y protección de los pacientes.

También prevé mecanismos para documentar la procedencia y custodia de productos celulares, registrar resultados clínicos y aplicar medidas de fiscalización y sanciones. La iniciativa excluye expresamente determinadas actividades vinculadas con células madre embrionarias.

Procedimientos para divorcios notariales

La medida A159 busca modificar el artículo 473 del Código Civil para establecer el procedimiento aplicable cuando una de las partes incumpla las estipulaciones acordadas en un divorcio formalizado ante notario.

Reconocimiento de las lenguas de señas

Por último, la medida A160 propone reconocer el lenguaje de señas americano (ASL) y el lenguaje de señas puertorriqueño (LSPR) en el ámbito gubernamental, mediante una política pública orientada a mejorar el acceso de las personas sordas a los servicios públicos.

La implementación sería progresiva y estaría sujeta a los recursos disponibles. Además, el proyecto contempla capacitación, colaboración con organizaciones comunitarias, reglamentación e informes periódicos.

Con estas iniciativas, el Gobierno de Puerto Rico busca avanzar simultáneamente en la regulación de nuevas actividades económicas, la financiación de compromisos previsionales y la ampliación de las garantías de acceso a servicios públicos.