República Dominicana: Fenabanca respalda la Ley 86-26 y cuestiona resoluciones del gobierno

Reclamos por la falta de cumplimiento de acuerdos

La Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca) valoró la aprobación de la Ley 86-26, que establece un nuevo marco regulatorio para los juegos de azar en República Dominicana. Sin embargo, la entidad advirtió sobre una serie de contradicciones vinculadas con resoluciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y Economía.

Según un comunicado difundido por la organización, el 14 de mayo de 2026 el ministro Magín Díaz, junto con los demás integrantes del Consejo de Seguimiento, suscribió el Acta 01-2026, que incluía nueve resoluciones. Entre ellas figuraba el pedido de revisar la Resolución 019-2023 para adecuarla al Decreto 197-26.

Fenabanca señaló que el compromiso consistía en que el órgano regulador emitiera una nueva resolución, algo que, según la federación, finalmente no ocurrió.

Cuestionamientos a la Resolución 228-2026

La organización puso el foco en la Resolución 228-2026, publicada el 8 de septiembre de 2026, que modifica la Resolución 159-2023.

Fenabanca cuestionó que esta nueva normativa haya sido emitida mientras avanzaba en el Congreso el proyecto que posteriormente se convirtió en la Ley 86-26.

La entidad también recordó que la Resolución 159-2023 establecía inicialmente un límite de 4.000 puntos de venta autorizados para los concesionarios de loterías electrónicas.

En cambio, la Resolución 228-2026 elevó esa cifra a 5.000 puntos de venta, lo que representa un incremento del 25%.

“¿Acaso no sabían quienes elaboraron esta resolución que entraría en contradicción con el proyecto de ley que se estaba conociendo en el Congreso?”, cuestionó Fenabanca.

Diferencias en los montos impositivos

Otro de los puntos señalados por la federación está relacionado con los impuestos aplicados a los puntos de venta.

De acuerdo con Fenabanca, la Resolución 228-2026 establece un pago anual de RD$39.000, mientras que el proyecto de ley que estaba siendo tratado por el Congreso contemplaba un monto de RD$54.000.

La organización también comparó esta situación con la carga tributaria de las bancas tradicionales. Según indicó, sus representados pasaron de pagar RD$35.000 a RD$85.000.

Fenabanca sostuvo que los puntos de venta de empresas privadas deberían haber sido contemplados dentro de las medidas de simplificación fiscal y crecimiento económico previstas en la Ley 30-26.

El desafío de la nueva Dirección General de Juegos de Azar

La Ley 86-26 establece un régimen provisional para la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) hasta que se conforme y entre en funcionamiento su estructura orgánica definitiva.

En ese período, las funciones previstas por la nueva legislación serán ejercidas provisionalmente por la DGJA, bajo la supervisión del Consejo de Juegos de Azar y con la colaboración del personal de la antigua Dirección de Casinos y Juegos de Azar.

Fenabanca consideró que Teófilo “Quico” Tabar, recientemente designado al frente de la DGJA, tendrá un desafío importante durante esta etapa de transición.

Temor por la regularización de bancas ilegales

La federación también manifestó preocupación por una posible interpretación del artículo 190 de la Ley 86-26 que, según advierte, podría utilizarse para incorporar al sistema a miles de bancas que actualmente no figuran en las bases de datos oficiales.

Fenabanca sostuvo que esas operaciones no deberían ser consideradas automáticamente como parte del proceso de regularización establecido por el Decreto 197-26.

La entidad teme que esta situación derive en la legalización de agencias y bancas instaladas después del proceso iniciado mediante el Decreto 63-22.

Advertencia sobre permisos y distancias

Finalmente, Fenabanca cuestionó la posibilidad de que nuevas bancas sean incorporadas al sistema mediante el pago de RD$39.000 y reciban posteriormente autorización de funcionamiento.

La organización advirtió que una medida de este tipo podría afectar los derechos adquiridos de operadores que ya cuentan con permisos y entrar en conflicto con las disposiciones sobre distancias establecidas en el artículo 26 de la Ley 86-26.

La federación señaló que la implementación de la nueva legislación será determinante para definir cómo se llevará adelante el proceso de regularización y control del sector.