República Dominicana prohíbe nuevas bancas de lotería y exige regularizar operadores

Nuevas restricciones para las bancas de lotería

La Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) de República Dominicana inició formalmente sus operaciones bajo la dirección de Teófilo Tabar Manzur, con la publicación de nuevas disposiciones administrativas y operativas destinadas a fortalecer el control de la industria.

A través de la Resolución Núm. 01-2026, el organismo prohibió la apertura de nuevas bancas de lotería, agencias y puntos de venta, así como la instalación de máquinas de venta de lotería en lugares donde la legislación vigente no lo permite.

La normativa también exhorta al cierre voluntario de los establecimientos que operen en infracción. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán aplicar las sanciones correspondientes.

"Comprobada la infracción, las sanciones podrán extenderse a los demás establecimientos, negocios vinculados y sorteos de lotería del operador infractor, cuando legalmente corresponda", precisa la resolución.

Nuevo sistema de denuncias e investigaciones

Entre las medidas institucionales, la DGJA dispuso la creación de un Comité Ad Hoc de apoyo técnico y consultivo, integrado por hasta siete funcionarios, para agilizar la tramitación de expedientes y solicitudes pendientes.

La institución tendrá su sede junto a la Lotería Nacional, en el Centro de los Héroes del Distrito Nacional. Durante el período de transición, los trámites continuarán recibiéndose en las antiguas oficinas de la Dirección de Casinos.

Además, quedaron anulados los carnés y las credenciales anteriores. A partir de ahora, solo serán válidos los documentos de identificación oficial emitidos por la nueva gestión para los funcionarios y servidores debidamente autorizados.

La resolución también establece un Sistema de Recepción y Atención de Denuncias y Reclamaciones, destinado a investigar posibles irregularidades, como la falta de pago de premios, las prácticas fraudulentas y la operación de establecimientos sin autorización.

Las investigaciones podrán iniciarse tanto a partir de denuncias documentadas como por iniciativa de las propias autoridades, sin que sea obligatoria una inspección presencial previa.

El sistema funcionará mediante canales presenciales y electrónicos que habilite el organismo, con mecanismos para registrar y dar seguimiento a los reclamos, proteger los datos personales y garantizar una atención oportuna. Su implementación será progresiva, de acuerdo con las capacidades institucionales disponibles.

Plazo de 30 días para identificar proveedores tecnológicos

En materia de fiscalización tecnológica, la DGJA estableció un plazo de 30 días calendario para que consorcios, concesionarias y operadores identifiquen formalmente a sus programadores, desarrolladores y proveedores de software.

El objetivo es incorporar a estos actores al sistema de supervisión pública y reforzar el control sobre las plataformas y herramientas tecnológicas utilizadas en las operaciones de juegos de azar.

Regularización extraordinaria para los operadores

Por medio de la Resolución Núm. 02-2026, la DGJA también estableció nuevas medidas para fortalecer y concluir formalmente el Plan de Regularización de los Juegos de Azar en todo el territorio dominicano.

La disposición concede un plazo extraordinario e improrrogable de 30 días calendario, contado desde la fecha de emisión de la resolución, para que los operadores de bancas de lotería, bancas deportivas, agencias hípicas y otros puntos de venta presenten una declaración jurada con información sobre establecimientos instalados irregularmente o fuera de los plazos previstos en el plan.

Los operadores también deberán informar sobre otras situaciones relevantes, como la oferta de distintas modalidades de apuestas en un mismo local cuando cada una requiera permisos específicos.

Las declaraciones serán evaluadas por una mesa de trabajo sectorial, que analizará la información suministrada en el marco del proceso de regularización.

Clausuras y sanciones por operar sin autorización

La resolución establece que los establecimientos, bancas, puntos de venta y demás operaciones de juegos de azar que hayan comenzado a funcionar después de los plazos legalmente establecidos y sin contar con la autorización correspondiente podrán ser clausurados y sancionados conforme a la legislación vigente.

Las medidas administrativas no excluyen la posibilidad de acciones penales o tributarias, cuando corresponda.

Con ambas resoluciones, la Dirección General de Juegos de Azar busca ordenar el mercado, reforzar los mecanismos de control y avanzar en la regularización de los operadores, al tiempo que establece restricciones para la apertura de nuevos establecimientos y consecuencias para quienes incumplan las disposiciones legales.