Río Negro: impulsan proyecto para otorgar licencias de casinos a comunidades originarias

Un proyecto de ley impulsado por Roberto Zgaib, dirigente de La Libertad Avanza en General Roca, busca establecer un régimen específico de licencias de juego para las comunidades originarias de Río Negro. La propuesta contempla controles estatales, convenios con el Gobierno provincial y un límite inicial de cuatro licencias de casino durante los primeros tres años de implementación.

Una propuesta para impulsar el desarrollo económico comunitario

Una iniciativa legislativa busca habilitar a las comunidades originarias de Río Negro a desarrollar actividades vinculadas con los juegos de azar mediante licencias otorgadas por el Estado provincial. El proyecto contempla la posibilidad de operar casinos, salas de bingo y máquinas tragamonedas, además de impulsar emprendimientos hoteleros y gastronómicos asociados.

La propuesta es impulsada por Roberto Zgaib, dirigente de La Libertad Avanza en General Roca y tesorero del espacio político en la provincia. Según sus fundamentos, el objetivo es generar nuevas fuentes de ingresos que las propias comunidades puedan administrar y destinar a necesidades relacionadas con la salud, la educación, la vivienda y la infraestructura.

El texto plantea la creación de un régimen específico para los pueblos originarios, con requisitos de acceso y mecanismos de fiscalización definidos mediante acuerdos con el Gobierno provincial. La iniciativa todavía debe atravesar el correspondiente proceso legislativo antes de convertirse en ley.

Cómo funcionaría el sistema de licencias de juego

El proyecto toma como referencia el modelo estadounidense, que desde 1988 permite a comunidades indígenas desarrollar actividades de juego bajo determinados marcos regulatorios. De acuerdo con las cifras citadas por el impulsor, ese sector generó ingresos superiores a los 43.000 millones de dólares durante 2024, con 243 tribus que operaban 532 establecimientos en 29 estados.

No obstante, el esquema propuesto para Río Negro debería adaptarse al marco institucional argentino, en el que la regulación de los juegos de azar corresponde a las provincias.

En ese contexto, las licencias se tramitarían a través de la Lotería para Obras de Acción Social de Río Negro y se formalizarían mediante convenios entre cada comunidad solicitante y el Estado provincial.

La iniciativa está integrada por 37 artículos y establece que podrán solicitar autorizaciones las comunidades originarias que acrediten personería jurídica y el reconocimiento de sus tierras comunitarias, independientemente de su ubicación dentro de la provincia.

Además, propone un límite de cuatro licencias de casino durante los primeros tres años de implementación, con el propósito de establecer una incorporación gradual de los establecimientos al sistema.

Fiscalización estatal y participación de las comunidades

Entre los principales componentes del proyecto figura la obligación de presentar informes anuales ante la Legislatura de Río Negro. Estos documentos deberán incluir información sobre las licencias otorgadas, los niveles de recaudación y el funcionamiento del régimen.

El mecanismo busca garantizar el seguimiento institucional de las actividades autorizadas y evaluar sus resultados económicos.

La iniciativa también prevé que la reglamentación se elabore mediante un proceso de consulta libre e informada con las comunidades originarias, para que puedan formular observaciones antes de la definición de las condiciones definitivas.

Como fundamento jurídico, el proyecto menciona el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el artículo 42 de la Constitución de Río Negro y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El proyecto deberá avanzar en la Legislatura

La eventual implementación del régimen dependerá de la presentación y el tratamiento legislativo de la iniciativa, así como de las decisiones que adopten las autoridades provinciales y las propias comunidades involucradas.

Por el momento, la propuesta constituye una iniciativa legislativa y no una autorización vigente para que las comunidades originarias comiencen a operar casinos bajo este esquema.

Sus impulsores plantean que el proyecto podría abrir una nueva vía de financiamiento comunitario y promover el desarrollo económico, al tiempo que mantiene la actividad bajo regulación y fiscalización del Estado provincial.