Santa Fe busca prohibir el acceso a casinos a deudores alimentarios

Un registro provincial con restricciones para las apuestas

La iniciativa unifica ocho proyectos presentados por distintos bloques legislativos y establece una base de datos digital y actualizada de las personas que tienen obligaciones alimentarias fijadas judicialmente, junto con información sobre su cumplimiento.

El registro funcionará bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial y absorberá las competencias y bases de datos del actual Registro de Deudores Alimentarios de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

La diputada Lucila De Ponti, una de las autoras de la propuesta, defendió la necesidad de establecer consecuencias ante el incumplimiento de estas obligaciones.

“El incumplimiento de la obligación alimentaria afecta directamente los derechos de los chicos y no puede ser gratuito”, señaló la legisladora.

En relación con las restricciones vinculadas al juego y al entretenimiento, agregó: “Si no se garantiza el alimento de los hijos no se puede gastar dinero en ir a la cancha, a un casino o jugar en una página de apuestas”.

De Ponti sostuvo que la iniciativa no busca establecer un castigo, sino garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Qué restricciones establece el proyecto para casinos y operadores

Dos niveles de morosidad según las cuotas impagas

El texto diferencia dos categorías de incumplimiento, cuya determinación corresponde a la Justicia.

• Persona Obligada Alimentaria Morosa: quien adeude total o parcialmente dos cuotas alimentarias, consecutivas o alternadas, dentro de un período de doce meses.
• Persona Obligada Alimentaria Morosa Agravada: quien acumule seis cuotas impagas, consecutivas o alternadas, durante ese mismo período.

La inscripción inicial en el registro se producirá cuando un juez fije una cuota alimentaria, pero no generará restricciones automáticamente. Las altas, modificaciones y bajas deberán ser ordenadas judicialmente.

Prohibición de ingresar a casinos y plataformas de apuestas

Mientras se mantenga la morosidad, el proyecto establece que las personas alcanzadas no podrán ingresar a casinos, bingos ni salas de juego, ni registrarse en plataformas de apuestas. Tampoco podrán cobrar premios o ganancias derivados de estas actividades.

La medida incorpora obligaciones específicas para el sector del juego, ya que los casinos y los operadores de apuestas deberán consultar el registro para verificar si una persona está alcanzada por las restricciones.

La aplicación efectiva de las prohibiciones dependerá de la implementación de convenios y sistemas de control nominativo que permitan identificar a las personas incluidas en la base de datos.

Las restricciones se amplían para los deudores agravados

Quienes acumulen seis cuotas impagas estarán sujetos a medidas adicionales. Entre ellas, se contempla una prohibición absoluta, sin excepciones, para obtener habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, además de la imposibilidad de obtener licencias de conducir.

También se prevé la inhibición general de bienes, que el juez deberá disponer de oficio en la misma resolución que determine la condición de morosidad agravada.

Para quienes se encuentren en la categoría de morosos, el proyecto contempla además restricciones para acceder a cargos públicos, presentarse como candidatos a cargos electivos provinciales o municipales, obtener beneficios tributarios y acceder a planes provinciales de regularización de deudas.

En materia laboral, se establece que podrá concederse, por única vez y durante 90 días, una licencia provisoria de conducir cuando la persona acredite que la necesita para desarrollar su actividad laboral.

Casinos y operadores deberán consultar el registro

La propuesta establece que diferentes organismos públicos y actores privados estarán obligados a verificar la situación de las personas incluidas en el registro. Entre ellos figuran empleadores privados, colegios profesionales, organismos estatales, jueces, casinos y operadores de apuestas.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en sanciones disciplinarias para jueces y funcionarios, penalidades previstas en el régimen de infracciones laborales para empleadores y multas de entre uno y diez salarios mínimos para los demás sujetos alcanzados.

La consulta pública será gratuita y electrónica, aunque estará limitada a personas determinadas. El proyecto prohíbe la descarga masiva de información y la indexación de los resultados por motores de búsqueda.

El proyecto debe ser tratado por el Senado

La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Santa Fe y ahora deberá ser analizada por el Senado provincial para convertirse en ley.

Si recibe la aprobación definitiva, la norma entrará en vigencia seis meses después de su promulgación, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue ese plazo por un período equivalente.

Para la industria del juego, uno de los principales aspectos será la puesta en marcha de los mecanismos de consulta e identificación que permitan aplicar las restricciones de acceso a casinos, salas de juego y plataformas de apuestas.

Hasta que el Senado apruebe el proyecto y se implementen los sistemas previstos, las medidas contempladas no constituyen una prohibición vigente, sino parte de una iniciativa legislativa en trámite.