Se ordena el bloqueo de 115 plataformas de apuestas sin licencia en Río de Janeiro, desatando controversia legal

Actualmente, sólo cinco casas de apuestas tienen licencia en Río: Apostou RJ, BestBet, MajorSports, Rio Jogos y PixBet, que juntas, hasta el mes pasado, habían pagado más de 2.300 millones de reales en premios a los apostadores, según la Loterj.

La Abogacía General de la Unión (AGU) apeló el lunes la medida cautelar del Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF1), que ordenó el bloqueo de más de 100 casas de apuestas en línea en Río, con el argumento de que las empresas necesitaban autorización de la Lotería del Estado de Río de Janeiro (Loterj) para operar localmente. En el documento, la AGU argumenta que la regulación del mercado de apuestas es competencia del gobierno federal.

En 2023, Loterj publicó un aviso de acreditación, que establecía una serie de normas para que los operadores de apuestas online pudieran operar en el Estado, previo pago de una subvención de 5 millones de reales, más el 5% mensual de los Ingresos Brutos de Juego (IBG), la facturación menos los premios pagados a los jugadores.

El importe es muy inferior a la subvención de 30 millones de reales establecida por el Ministerio de Hacienda, que trabaja en la regulación del mercado. El impuesto recaudado sobre el GGR también será más alto según las normas federales, del 12%.

Aunque otros estados están siguiendo el ejemplo y creando normas internas para las empresas del mercado, Río es el único que acredita a las plataformas para operar en otras partes del país.

Esto deja margen para que las empresas opten por la regulación local y paguen una tasa menor, en lugar de solicitar autorización a la Secretaría de Premios y Apuestas (SPB), vinculada al Ministerio de Hacienda.

Según el plan del Gobierno, los operadores de apuestas en línea podrán seguir operando hasta el 31 de diciembre, fecha límite para solicitar la autorización y demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las leyes y ordenanzas. El mercado regulado entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

Loterj dijo que la operación regularizada contribuye a los ingresos públicos. Según la Loterj, por cada R$1 recaudado por el Estado en impuestos, cerca de R$8 son recaudados por el Gobierno Federal.

"Esperamos que el Ministerio de Hacienda defina cuanto antes las reglas de operación en el país para que los estados y la Unión puedan actuar cohesionadamente en favor del juego responsable en el país", concluyó en un comunicado.

Lo que dicen los sitios de apuestas y organismos del sector

André Gelfi, director-presidente del Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), afirma que el episodio desafía la autoridad del gobierno federal y fomenta la inseguridad jurídica. Para él, el caso perjudica a un sector que se está consolidando y que tiene la perspectiva de recaudar más de mil millones de reales sólo en licencias de operadores.

- Esta decisión debilita el sector y amenaza la eficacia del marco consolidado por la ley creada el año pasado y por las recientes ordenanzas del Ministerio de Hacienda, que determinan que todos los operadores tienen hasta el final de este año para obtener sus licencias de explotación.

- Impedir que cientos de empresas puedan operar en RJ crea un caso de competencia desleal que sólo ha erosionado el mercado de apuestas en Brasil, alejando a empresas serias que desean invertir en el país. El instituto no tiene capacidad legal para apelar la decisión del TRF1, pero recomendamos a nuestros miembros que lo hagan si lo desean.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), que representa a sitios como PagBet y BetNacional, argumentó que la notificación de Anatel deja a millones de jugadores sin acceso a más de cien plataformas de apuestas de la noche a la mañana. También dijo que la medida viola principios jurídicos básicos, como el derecho a una defensa completa y el derecho a un juicio contradictorio. Según la organización, los sitios están siendo bloqueados sin que las empresas hayan sido oídas, ni en procedimientos judiciales ni por Anatel.

Para Magno José Santos, presidente del Instituto Brasileño de Juego Legal, que representa al juego físico pero sigue los movimientos del mercado de apuestas deportivas en línea, habrá que resolver el impasse entre los estados y el gobierno federal: “esta disputa, que tiene lugar a nivel federal y estatal, crea una gran inseguridad jurídica. Los empresarios que quieren invertir en Brasil y solicitar una licencia se encuentran inseguros por la falta de definición de lo que pueden hacer los estados y el gobierno federal.”