Senado paraguayo pide informes sobre premios

En particular, la Cámara Alta requiere que el ente regulador remita informes detallados sobre el destino otorgado a los premios no pagados por no presentarse el ganador, figura establecida en el artículo 19 de la ley 1016/97, de juegos de azar.

Además de los datos de cumplimiento, solicita detalles estadísticos desde 2015 hasta la fecha, incluyendo los montos no reclamados por ganadores, empresas organizadoras de los juegos y las instituciones benéficas que recibieron los montos y la cantidad recibida por cada una.

Quedó postergado el estudio del proyecto de ley presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA-efrainista) en el que se pretendía establecer un porcentaje fijo de la ganancia para los quinieleros, esto atendiendo que la firma explotadora del juego redujo en cinco puntos porcentuales los beneficios de sus vendedores, pasando del 25% al 20% lo que le corresponde a cada corredor.

El proyecto no fue tratado debido a que no contaba con dictámenes de comisiones.

Pedido de barrida

La semana pasada, el senador Martín Arévalo (ANR, abdista) planteó que el Poder Ejecutivo destituya o que el Legislativo recomiende la barrida de toda la directiva de la Conajzar por adjudicar la explotación de la quiniela a la firma TDP SA, a la que acusa de deber US$ 30 millones a organizaciones sociales y de excombatientes.

El senador oficialista y aspirante a la intendencia de Asunción hizo que el pleno de la Cámara Alta apruebe la semana pasada un pedido de informe a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y cuestionó duramente al ente por volver a adjudicar por cinco años la explotación del juego de la quiniela a TDP SA, firma vinculada a la familia del expresidente Juan Carlos Wasmosy.

El legislador calificó de grave que la Conajzar favorezca así a la empresa que desde hace años se niega a cumplir la ley que la obliga a transferir el 6% de los premios no reclamados a organismos de beneficencia, entre ellos el de los excombatientes de la Guerra del Chaco.

El parlamentario sostuvo que teniendo en cuenta el margen de ganancia de US$ 100 millones al año, TDP debe a los excombatientes US$ 6 millones al año. Aún no hubo respuesta del Ejecutivo.