Una mayoría de los nueve jueces del alto tribunal se posicionó hoy en contra de una ley de 1992 que impedía a los estados beneficiarse de los ingresos obtenidos de las apuestas del deporte profesional y universitario, aunque permitía a las autoridades locales recaudar el dinero procedente de loterías.
La polémica sobre las apuestas deportivas comenzó en 2011 cuando los votantes de Nueva Jersey -bajo la gobernación del republicano Chris Christie- aprobaron una medida que legalizó las apuestas en casinos e hipódromos.
Esta fue recurrida inmediatamente ante la Justicia por las ligas deportivas a nivel profesional y por la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA), una agrupación compuesta por casi 1.300 instituciones deportivas a nivel universitario.
El estado de Nueva Jersey buscó entonces la anulación de esa ley federal de 1992, lo que permitiría a los estados apropiarse de un lucrativo negocio que hasta ahora es ilegal en 46 de los 50 estados de Estados Unidos con la excepción de Montana, Delaware, Oregón y Nevada.
Nevada, donde se encuentra Las Vegas, fue eximido de esa ley y los otros tres estados (Montana, Delaware y Oregón) ya habían establecido leyes para legalizar las apuestas deportivas en el momento en el que se promulgó esa ley federal en 1992, por lo que se les permitió continuar con sus políticas estatales.
El caso afecta a un jugoso mercado, ya que los estadounidenses apuestan de manera ilegal 150.000 millones de dólares cada año, según estima la Asociación Estadounidense del Juego (AGA), un grupo que promueve las apuestas en la industria del entretenimiento.
Conocedor de la trascendencia del caso, el Gobierno federal se había posicionado del lado de las grandes ligas profesionales deportivas, argumentando que la ley federal de 1992 debía seguir en vigor.
Frente a esto, 18 estados y los gobernadores de otros tres estados se colocaron del lado de Nueva Jersey expresando su apoyo mediante unos escritos conocidos como "amicus curiae" (amigo de la corte), una figura legal por la que un tercero expresa su apoyo a una de las partes en un litigio.
Aunque se trata de un fallo que únicamente afecta a este caso concreto, se prevé que pueda abrir la puerta a que otros estados busquen sus propias regulaciones sobre este ámbito.
El ya exgobernador de Nueva Jersey, que llevó el caso ante el Supremo, consideró que el fallo supone un aval para la autonomía de los estados frente a las extralimitaciones del Gobierno federal.
