Competencia investiga a Loterías y Apuestas del Estado por posible abuso de posición dominante

El origen del expediente está, según ha informado el organismo, en la negativa de Loterías a que sus puntos de venta mixtos, aquellos como restaurantes, quioscos o gasolineras que también venden sus juegos, comercialicen un seguro que cubre el pago de los impuestos asociados a los premios, en caso de que el apostante gane un sorteo de Loterías.

Se trata de un seguro de Axa que comercializa el broker Laguinda, tras el que se encuentra la sociedad Lotería Laquetoca SL, y que precisamente gestiona un punto de venta mixto de Loterías. El mismo está ubicado en la localidad de Los Corrales de Buelna (Cantabria), y además de vender los boletos de todos los sorteos, ofrece un seguro que, según explica en su web, garantiza que el jugador percibirá el 20% que debe pagar a la Agencia Tributaria si resulta ganador. A cambio, cobra un importe que varía según el tipo de sorteo: desde los 15 céntimos por apuesta para la Bonoloto, hasta los 3 euros por el Gordo de Navidad para un premio de 400.000 euros. También los ofrece la Primitiva o Euromillones.

Según la CNMC, la negativa de Loterías a que este producto se ofrezca en otros puntos de venta mixtos “habría producido efectos exclusionarios en un mercado incipiente —seguros de cobertura de gravámenes sobre los juegos de azar— y que es conexo al de la comercialización de loterías de titularidad pública”. Además, considera que “existen indicios racionales de la comisión (...) de una posible infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia”, en el que se encuadra el abuso de posición dominante.

Loterías y la ONCE son los operadores con reserva exclusiva para comercializar juegos de loterías de ámbito estatal. La primera cuenta con dos tipos de establecimientos en su red: los exclusivos, es decir, las administraciones que únicamente comercializan los sorteos; y los mixtos, en los que se realizan algún tipo de actividad adyacente.

Como es habitual, la CNMC indica que la incoación de expediente “no prejuzga el resultado final de la investigación”, y da un plazo de 24 meses para resolución.