Ministerio de Hacienda prohíbe ventas de sorteos de lotería por dispositivos móviles

La acción entra en vigencia a través de la Resolución No. 183-2019, que emitió en su condición de órgano regulador de los juegos de azar y como parte del plan de trabajo que ejecuta para establecer un efectivo control de las bancas de lotería en el país.

La disposición gubernamental prohíbe las ventas de los sorteos de lotería por medio de cualquier dispositivo móvil y advierte a los concesionarios de lotería electrónica y bancas de lotería que el incumplimiento de esta medida dará lugar a la “clausura del punto de venta y a la revocación definitiva del permiso de operación o franquicia” aclaró la nota.

La resolución deja claro, además, que los individuos que se dediquen a la venta de los sorteos de lotería por medio de dispositivos móviles o de manera ambulante serán sometidos a la acción de la justicia y se le aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 410 del Código Penal Dominicano, la Ley No. 11-92 que establece el Código Tributario de la República Dominicana y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La información incluye, además, que como autoridad garante de la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda debe disponer de información actualizada sobre la identidad de las sociedades que operan o desean operar en el país en el sector de los juegos de azar, de sus actividades y de los beneficiarios finales de las mismas, señala la Resolución No. 183-2019 en uno de sus considerandos.

Añade que “las ventas de los sorteos de loterías en dispositivo móvil constituye una de las principales causas de proliferación de las bancas de lotería ilegales, ya que la facilidad de desplazamiento de dichos aparatos genera violaciones recurrentes a los parámetros de distancia establecidos por el Ministerio de Hacienda para la instalación y operación de una banca de lotería”, aclaran.

Las bancas de lotería deben operar a un mínimo de 200 metros lineales de distancia de escuelas públicas, colegios privados, estancias infantiles, Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), hospitales, iglesias debidamente incorporadas y sedes principales de los tres poderes del Estado.