La Fiscalía inicia pesquisas sobre la explotación ilícita de juegos de azar en Paraguay

La difusión de fuertes esquemas de explo­tación clandestina de máquinas tragamone­das activó el debate político en el Congreso de la Nación y tras esto desde el Ministerio Público adelantaron operati­vos de intervención de estas denuncias.

Mediante Resolución Nº 2565 inician pesquisas con la qui­niela. El documento remitido desde la Fiscalía señala que: “Se conforma un equipo de trabajo para intervenir en las denuncias relacionadas a los hechos punibles que configu­ren explotación clandestina de juegos de azar”, equipo que está integrado por los agentes fiscales Isidro Alcides Corva­lán, Sandra Beatriz Ledesma Espinoza y Luis Fernando Chamorro.

Este hecho se convierte en uno de los pasos iniciales de la Fis­calía para el control de la explo­tación de juegos de azar, espe­cíficamente el relacionado a la quiniela, puesto que también se conformó otro equipo de tra­bajo, abocado especialmente al negocio de las máquinas tragamonedas, tema que vol­vió a generar fuertes polémi­cas luego de revelaciones que hizo “Tierra de nadie” sobre el groso circulante en negro den­tro del rubro.

La existencia de unas 150.000 máquinas que no pagan canon estima un circulante de unos G. 300.000 millones al mes, sin dejar un solo guaraní para el tesoro público. Una salida des­esperada que, tal vez, encontró la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) es la terce­rización del servicio de regula­rización, que luego de investi­gaciones sobre los márgenes de ganancias a favor de una firma de maletín, difundidas por “La caja negra” de Unica­nal, también está en tela de jui­cio y muy atacada, sobre todo desde el Congreso Nacional. “Atendiendo a la necesidad de combatir de manera eficiente los hechos punibles que pue­dan configurarse, a partir de la explotación clandestina de jue­gos de azar, es oportuno que el Ministerio Público establezca un equipo de trabajo”, reza una parte de la resolución difun­dida por la Fiscalía. Entre hoy y mañana se define el grupo de trabajo para atender espe­cíficamente el negocio de las máquinas tragamonedas.

El Ministerio Público alega en su resolución la falta de control de este rubro que representa un problema social, pues los niños y adolescentes caen fácilmente en la adicción a los juegos de azar. Sin mencionar que este negocio es un escenario pro­picio para el lavado de dinero y que constituye un problema económico a nivel país, pues las ganancias millonarias de este sector no ingresan a las arcas del Estado.

Cabe destacar que cuando hablamos de la explotación de máquinas tragamonedas, nos enfrentamos a un problema realmente grave, dado que están involucrados incluso jefes municipales y altos fun­cionarios, que se encargan de cobrar los cánones a quie­nes explotan este negocio, sin entregar comprobantes de pago, hecho totalmente irre­gular, y esto sin mencionar que ni siquiera tienen facul­tades para hacerlo. Sumado a esto, las municipalidades hacen caso omiso al hecho de que los negocios ubiquen estas máquinas en la vía pública y en algunos casos están en inmediaciones de escuelas e iglesias. Ambos hechos están absolutamente prohibidos y arriesgan la integridad de los menores, principalmente de caer en la ludopatía, adicción a las apuestas.

De esta forma, la Fiscalía es una de las primeras institu­ciones en tomar cartas en el asunto respecto al negocio clandestino de los juegos de azar, dado que, hasta la fecha, los municipios solo han mos­trado desinterés.