El Defensor del Pueblo pide a Madrid diligencia al sancionar locales de apuestas

Esta resolución se produce tras recibir la queja de un ciudadano por la "inacción del Gobierno madrileño" contra una empresa de juego que permitió que su hijo, aquejado de ludopatía e inscrito en el sistema de autoprohibición del juego, pudiera seguir apostando, señala el Defensor del Pueblo en un comunicado.

Este ciudadano aportó como prueba documentos bancarios en los que figuraban transferencias realizadas por su hijo a una empresa de juego, con posterioridad a marzo de 2015, fecha en la que éste se había inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).

En concreto, la documentación refleja 125 cargos efectuados en 47 fechas distintas, por 8.430,52 euros durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2017 y el 11 de octubre de 2018.

Según la normativa, los locales específicos de apuestas y los salones de juego tienen la obligación de controlar la entrada de sus establecimientos para identificar y registrar a los usuarios y denegar el acceso a los menores de edad y a las personas inscritas en el RGIAJ.

La administración regional impulsó la denuncia del interesado y tramitó dos expedientes sancionadores, aunque la demora en la tramitación llevó a que uno de los expedientes fuera sobreseído, ya que cuando se iniciaron las actuaciones había transcurrido el plazo de prescripción previsto legalmente para esa clase de infracciones.

De hecho, aunque las denuncias del interesado se recibieron en agosto de 2018, la Administración no inició el procedimiento sancionador hasta diciembre de 2019 y lo hizo, por tanto, "conocedora de que la infracción había prescrito", en opinión de la Institución.

Sin embargo, y a juicio del Defensor del Pueblo, existían indicios suficientes para justificar la apertura de un expediente sancionador que, de haberse hecho a tiempo, habría interrumpido la prescripción de la infracción.

Es por eso que considera que la Comunidad de Madrid "no ha cumplido eficazmente con su deber de velar porque se respete la normativa de juego en un tema tan sensible y con tanta trascendencia para la integridad psíquica como es el de las interdicciones de acceso al juego".

Por ello, la Institución ha trasladado a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "la frustración y la impotencia del compareciente por la ineficacia de los sistemas de control y ante el hecho de que no se ha impedido a su hijo seguir realizando apuestas".

Según el Defensor, además del quebranto económico, la inoperancia de la Administración "dificulta la rehabilitación de su hijo y suma al daño emocional causado por la adicción la sensación de impotencia ante lo que considera un incumplimiento por parte de una empresa de juego que ha quedado impune".

Para la Institución, "la pasividad o la tolerancia de la Administración con las infracciones de las empresas de juego pone en peligro el derecho a la salud de las personas y afecta a la integridad moral de los enfermos y de su entorno".

Por ello, insiste en la necesidad de no que "no haya incumplimientos de la legalidad que queden impunes", algo que, en su opinión, "no puede conseguirse solo mediante una ley formal que tipifique ilícitos", sino que, además, es preciso "una administración que haga cumplir la ley con eficacia y diligencia".