Garzón gasta 2,4 millones en impedir el juego mientras Hacienda invierte 55 millones en publicitarlo

Como el ministro Garzón ha iniciado su particular cruzada contra las empresas del juego privado ha creído importante destinar un total de 2.360.000 euros en tres partidas presupuestarias para concienciar a los españoles que no deben jugar. Eso sí, no jugar fuera del Estado, ya que mientras tanto, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) S.A., que depende del Ministerio de  Hacienda, gastará en el mismo periodo 55.326.268 millones de euros en publicidad institucional para jugar.

El título de la partida de la SELAE para invertir en publicidad no deja lugar a dudas: Campaña de Juegos Activos y Pasivos (Euromillones, La Primitiva, Lotos, Apuestas Deportivas, Lotería Nacional y Sorteos de Navidad y el Niño). Estos 55 millones suponen la mayor partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública que gastará un total de 76.441.313 euros en publicidad.

Y mientras el Estado gasta millones en incentivar el consumo de juego público por parte de los españoles otro ministro del mismo gabinete, el de Consumo, Alberto Garzón, destina apenas 2,3 millones a luchar contra el gigante que alimenta la ministra María Jesús Montero, titular de Hacienda, a golpe de talonario institucional. El dinero que destinará Hacienda a publicitar los juegos estatales está solo dos millones de euros por debajo del presupuesto total de Consumo, que es para 2022 de 57,18 millones de euros. Con eso, Garzón tendrá que pelear contra el juego privado, pero también contra el consumo de carne, el sexismo en los juguetes, los dulces de factura industrial, las macrogranjas de cerdos y otros tantos temas de interés general para todos los españoles. Es llamativo que la partida presupuestaria de Hacienda esté dentro de un apartado titulado Campañas comerciales no sujetas a la Ley 29/2005, la ley que regula en general la Publicidad Institucional y que obliga a todos los contratos del Estado a ser publicados en el portal de Transparencia.

El presupuesto de Garzón para ir contra el juego privado está recogido en el mismo Plan 2022 dentro de la Secretaría General de Consumo y Juego y la Dirección General de Consumo. En el primero de los casos hay un presupuesto para una «campaña de sensibilización sobre consumo responsable» de 300.000 euros a desarrollar en castellano, catalán, euskera y gallego, entre el 1 de marzo y el 1 de diciembre de 2022.  La segunda campaña, por similar capital, destinada a una «Campaña de sensibilización sobre consumo sostenible» se desarrollará también en el mismo periodo.

Mientras tanto, la Dirección General de Consumo gastará otros 260.000 euros en el mismo periodo con el objetivo de «Divulgación de los derechos de consumo poniendo el foco tanto en los sectores estratégicos como en los colectivos de personas consumidoras vulnerables y dar a conocer los derechos y los mecanismos a disposición de las personas para hacerlos efectivos», con lo que eso signifique.

La tercera campaña del Ministerio de Consumo estará pagada por la Dirección General de Ordenación del Juego y es una «campaña de sensibilización sobre los riesgos del juego dirigida a las personas más jóvenes» y costará 1.500.000 euros. La población objetivo de la campaña es «general e infantil y juvenil». Los anuncios saldrán en «televisión, radio, prensa, revistas, internet, exterior y cine» y en este caso se desarrollará entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de 2022, interrumpiéndose en diciembre de 2022, quizás para no colisionar con la campaña de Navidad de la Lotería Nacional.

Garzón ya estuvo en el centro de la polémica, tal y como publicó OKDIARIO el 16 de enero de 2022 cuando guardó silencio en todo lo que signifique inversiones, permisos y prebendas a favor del juego del Estado. Por eso ahora no pondrá reparos al contrato suscrito por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) por tres millones de euros para, entre otros objetivos primordiales, «atraer a más consumidores, especialmente en el segmento de jóvenes aficionados al fútbol mayores de 20 años» y «fidelizar la participación en el juego, convirtiendo jugadores ocasionales en habituales». Es decir, atraer y generar adicción entre los más jóvenes, eso sí, sólo a los juegos del Estado, algo contra lo que Garzón pretende luchar, eso sí con solo 1,5 millones de euros.