Cuatro permisos en juego y una participación limitada

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) inició en enero de 2026 los procesos para otorgar nuevos permisos de operación en Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón, luego de que las empresas que hasta entonces operaban estas plazas renunciaran a sus respectivos permisos.

Las cuatro licitaciones contemplan permisos de operación por 15 años y constituyen uno de los procesos de renovación más relevantes para la industria presencial chilena. La audiencia de presentación de ofertas técnicas y económicas había sido inicialmente prevista para julio, pero la SCJ modificó las bases en abril y extendió el plazo en 12 días hábiles, fijando finalmente la audiencia para el 11 de agosto de 2026.

El resultado de esa instancia, según los antecedentes publicados por medios chilenos, fue desigual: no hubo postulantes para Viña del Mar ni Iquique, mientras que Coquimbo y Pucón quedaron con un único oferente cada uno. En términos de competencia, esto significa que ninguna de las cuatro plazas alcanzó una situación de competencia efectiva entre múltiples proyectos.

El escenario es particularmente relevante para la SCJ, ya que uno de los objetivos declarados al ampliar los plazos había sido precisamente entregar más tiempo a los interesados para preparar sus propuestas y promover la competencia.

Coquimbo y Pucón concentran las únicas ofertas

Las dos plazas que sí consiguieron atraer postulantes presentan además perfiles diferentes.

En Coquimbo, el fondo de inversión privado Octium, administrado por Alza, había constituido la sociedad Casino de Juegos de Coquimbo S.A., con un capital de $800 millones, específicamente orientada a participar en el proceso.

En Pucón, por su parte, se constituyó Casino Volcán Pucón S.A., sociedad vinculada a un grupo de exejecutivos de Enjoy. La empresa fue creada con un capital de $900 millones y tiene como objeto la explotación del casino de juegos de la comuna.

La situación resulta especialmente significativa porque tanto Coquimbo como Pucón habían sido operados por Enjoy, que en 2025 obtuvo la autorización para renunciar anticipadamente a ambos permisos. La normativa establece que la sociedad renunciante y su grupo empresarial no pueden volver a postular directamente al cupo al que renunciaron.

Viña del Mar e Iquique: las plazas más complejas

La ausencia de ofertas en Viña del Mar e Iquique constituye el principal indicador de las dificultades que enfrenta el actual diseño del proceso.

En el caso de Viña del Mar, el desafío tiene una dimensión adicional por el peso económico del casino para las finanzas municipales y regionales. La salida de Enjoy abrió un proceso destinado a reemplazar al operador, pero también generó preocupación respecto de la capacidad de una nueva concesión para mantener los niveles de aporte económico registrados durante la anterior operación.

Ya durante 2025, especialistas habían advertido que las condiciones del mercado hacían poco probable repetir la oferta económica de 831.000 UF realizada por Enjoy en 2018. Un análisis encargado por el municipio situó posteriormente un rango más realista entre 605.000 y 670.000 UF, en un contexto marcado también por la competencia de las plataformas de juego online y el juego ilegal.

En Iquique, la situación también está vinculada a la salida de Dreams. La compañía renunció al permiso después de que parte del terreno previsto para el desarrollo del proyecto fuera declarado monumento histórico, mientras la SCJ autorizó la renuncia bajo el mecanismo establecido por la normativa.

Los operadores cuestionan las condiciones de las bases

La baja participación se produce después de una ofensiva de los principales operadores incumbentes contra determinados aspectos del proceso.

Marina del Sol presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una consulta para analizar si las bases de las cuatro licitaciones podían limitar injustificadamente la competencia. Dreams posteriormente se sumó a los cuestionamientos y solicitó suspender los procesos mientras se analizaban sus reparos.

Uno de los puntos más discutidos ha sido el diseño de las condiciones de transición entre el operador saliente y el nuevo adjudicatario. En el caso de Viña del Mar, Marina del Sol cuestionó particularmente el plazo de tres meses previsto para la puesta en marcha del nuevo proyecto, argumentando que determinadas condiciones podrían favorecer al operador incumbente.

Dreams, por su parte, cuestionó exigencias relacionadas con la continuidad laboral, las obras de infraestructura turística y la obligación de incorporar personal, señalando que estas condiciones podían elevar los riesgos de los proyectos y reducir el número de operadores dispuestos a participar.

El TDLC mantuvo abierto el proceso

La controversia llegó al TDLC, pero no consiguió detener definitivamente el calendario.

En julio, el tribunal resolvió no mantener la suspensión del proceso de otorgamiento del permiso de Viña del Mar solicitada por Inversiones Marina del Sol. La SCJ sostuvo que no existían antecedentes suficientes para presumir una afectación grave a la libre competencia y argumentó que una suspensión podía reducir la participación al acortar el período disponible para preparar e implementar los proyectos.

La Fiscalía Nacional Económica también intervino en el análisis de la situación. En el caso de Viña del Mar, la FNE señaló que no advertía barreras en las bases del proceso, mientras que el debate ante el TDLC continuó abierto para la presentación de antecedentes.

Por lo tanto, el proceso llegó a la presentación de ofertas sin que los cuestionamientos regulatorios hubieran provocado su paralización.

Una licitación que pone a prueba el modelo chileno

El reducido número de ofertas transforma el resultado del 11 de agosto en algo más que una instancia administrativa. Para la industria, constituye una señal sobre el atractivo actual del modelo chileno de concesión de casinos presenciales.

El exsuperintendente de Casinos de Juego Francisco Leiva había advertido antes del cierre del proceso que la licitación “va destinada al fracaso”, argumentando que las denominadas Condiciones Especiales podían limitar severamente la competencia y favorecer indirectamente a sociedades relacionadas con operadores que habían renunciado a sus permisos.

Los resultados conocidos hasta ahora aportan elementos para evaluar ese diagnóstico, aunque no permiten concluir por sí solos que las bases sean la única causa de la baja participación. El mercado presencial chileno enfrenta simultáneamente cambios en la demanda, presión competitiva del juego online, dificultades financieras de algunos operadores y mayores exigencias de inversión, empleo e infraestructura.

En ese contexto, el desafío para el regulador será determinar si las ofertas recibidas permiten avanzar hacia adjudicaciones económicamente sostenibles o si, por el contrario, la escasa competencia puede terminar reflejándose en condiciones económicas menos favorables para el Estado, los gobiernos regionales y los municipios.

El próximo paso: evaluación técnica y adjudicación

La presentación de las ofertas no implica todavía la adjudicación de los permisos. A partir de esta instancia comienza la evaluación de los proyectos, proceso en el que se revisan aspectos legales, reglamentarios, financieros y técnicos antes de que el Consejo Resolutivo de la SCJ adopte las decisiones correspondientes.

La experiencia de procesos anteriores muestra que la evaluación técnica constituye una etapa sustantiva: contempla la verificación de requisitos legales y reglamentarios, condiciones especiales, origen y suficiencia de fondos y la evaluación integral del proyecto.

El punto crítico será ahora determinar si los proyectos presentados en Coquimbo y Pucón cumplen con los requisitos establecidos y pueden sostener las inversiones y obligaciones comprometidas, mientras que Viña del Mar e Iquique quedan ante un escenario mucho más incierto al no haber recibido ofertas.

El dilema para la industria de casinos

La licitación chilena deja así una fotografía con dos lecturas. Por un lado, la SCJ logró mantener el calendario pese a los cuestionamientos judiciales y regulatorios y consiguió recibir proyectos para dos de las cuatro plazas. Por otro, el hecho de que dos importantes mercados hayan quedado sin postulantes y los otros dos tengan un solo oferente evidencia una competencia mucho menor de la que normalmente se esperaría en un proceso destinado a seleccionar operadores para permisos de 15 años.

Para Chile, el resultado abre una pregunta de fondo: ¿las condiciones diseñadas para asegurar mayores inversiones, continuidad laboral y beneficios turísticos están generando un marco suficientemente atractivo para nuevos operadores?

La respuesta tendrá impacto no solo sobre las cuatro concesiones actualmente en disputa, sino también sobre el futuro diseño de las licitaciones de casinos en el país y sobre la capacidad del modelo regulatorio chileno para combinar recaudación, inversión, desarrollo turístico y competencia efectiva en el mercado presencial.